César Jiménez Flechas

La Fiscalía logró que los principales protagonistas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aceptaran su responsabilidad, por lo menos quienes firmaron y tramitaron los sobornos a través de los contratos en la UNGRD. Sin embargo, de línea ascendente, de altos funcionarios y políticos involucrados, es poco lo que se sabe. Justamente ese era un capítulo que pretendía desenredar Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro.

El grupo de criminal del Clan de Golfo es responsable del asesinato de policías y militares, en el llamado plan pistola.

Fueron siete las víctimas acribilladas, soldados emboscados por las disidencias de las Farc, en Guaviare. Un plan criminal al mando de alias Calarcá, cabecilla de la estructura Jorge Suárez Briceño que supuestamente está en una mesa de paz con el Gobierno Nacional. Los soldados, que estaban por salir de permiso, luego de cinco meses prestando seguridad a los firmantes de paz que se encontraban en un centro de capacitación y reincorporación en esta zona del país, terminaron víctimas de una asonada criminal, no de un combate.

Lo que reveló la Fiscalía, en la imputación de cargos contra Sneyder Pinilla, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), fue contundente y tras la lectura de la sentencia, la juez lo ratificó. El documento recordó el episodio de sobornos a congresistas. La escena corrupta que dejó como protagonista a Sneyder Pinilla y un grupo de funcionarios de la UNGRD, incluyó a congresistas y asesores cercanos del presidente Gustavo Petro.

Aunque la Fiscalía advierte que la colaboración o la información que tiene Sandra Ortiz y que ha pretendido entregar a la justicia, no tiene sustento probatorio suficiente como para dar credibilidad y dar paso a un principio de oportunidad, es claro que la considerada “mensajera” en esta trama criminal tiene mucho que contar y, además, cuenta con las pruebas para demostrarlo.No solo fue la encargada de entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name, sino que advirtió un dato hasta ahora desconocido: ese dinero habría servido para aceitar la elección del ma

El deporte es una forma de resocialización en las cárceles, por lo cual el Inpec motiva la participación de eventos deportivos en el interior de los penales, a tal punto que se le midieron a un cotejo con los privados de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá. La versión criolla de la película Golpe bajo, la comedia de Adam Sandler, se vivió en la cancha de fútbol que está en la cárcel La Modelo. Guardias y privados de la libertad se enfrentaron en un partido que dejó, además de raspones, barro y risas, una gran experiencia de resocialización en los centros carcelarios.

Sneyder Pinilla se convirtió en el primer condenado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Ejército desmintió la versión de las disidencias de las Farc que advertía de un supuesto combate con los soldados que fueron asesinados en el Guaviare el domingo 27 de abril.Según tal versión, hubo un cruce de disparos en virtud de la legítima defensa. Sin embargo, el segundo comandante del Ejército, el general Erick Rodríguez, aseguró que los militares se encontraban en un desplazamiento de rutina, pues estaban por salir de permiso.

Mientras las familias de los siete militares asesinados, tras la emboscada de las disidencias de la Farc, en Guaviare, se alistan para enterrar a sus seres queridos, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, recordaba que en Colombia hubo momentos más complejos en materia de orden público. El ministro le metió el espejo retrovisor a la masacre de militares y señaló que en otros años, como 2021 o 2011, fueron “momentos mucho más oscuros”.

Tras el ataque de las Disidencias de las Farc a un grupo de militares que estaban prestando seguridad a firmantes de paz, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, advirtió que el crimen fue cometido por un grupo al margen de la ley que, se supone, está en un proceso de paz. Señaló el ministro que en el marco de las competencias, el Gobierno deberá tomar las acciones correspondientes en el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vida de los militares.