César Jiménez Flechas

La denuncia fue radicada por la abogada Estefanía Orozco y cursa en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, por lo que consideraron un presunto tráfico de influencias, advertido por la ahora exministra Ángela María Buitrago. “Ángela María Buitrago, una de las penalistas más respetadas del país, exfiscal de casos emblemáticos y actual ministra de Justicia hasta el 1 de junio.

Luego de que la Fiscalía presentó el acuerdo con Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un juez especializado de Bogotá revisó el documento y los argumentos de las partes en este proceso, incluida la defensa del exfuncionario, casi de manera inmediata tomó la determinación de rechazar esa negociación.

“No cederemos un solo milímetro del territorio”, fue la advertencia que hizo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, a las disidencias de alias Iván Mordisco, tras el reciente operativo que permitió dar de baja a seis disidentes de las Farc en esa zona del país. Entre los muertos de las disidencias estaría alias Gato Feo, segundo cabecilla de la comisión de Arcesio Niño y encargado de planear y ejecutar actos de terrorismo contra la población civil, secuestros y homicidios por el no pago de extorsiones.

Dayana Jassir de la Hoz, la esposa del entonces director de Medicinal Legal en Barranquilla, Eduardo Enrique Viloria, fue procesada por su asesinato; sin embargo, el año pasado, una jueza de la misma ciudad la absolvió mientras advirtió que la Fiscalía logró demostrar su responsabilidad en el crimen. Esa decisión ahora fue revocada.

Son tres y graves, los delitos que imputará la Fiscalía al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, salpicado en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La mano derecha del presidente Gustavo Petro salió del país y nadie sabe su paradero.

En la dirección contra la corrupción de la Fiscalía se adelanta una investigación por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos del fondo de pensiones del Estado, Colpensiones, y que enreda de manera directa a su presidente, Jaime Dussán. Como parte de esas indicaciones, la Fiscalía ordenó una inspección a la sede principal de Colpensiones con el propósito de recaudar todos los elementos materiales probatorios que se requieren para establecer la veracidad de las denuncias que fueron radicadas en el ente acusador y que relacionan presuntos hechos de corrupción.

Para este miércoles 14 de mayo estaba programada la audiencia de acusación en contra de Day Vásquez por la violación de datos personales en contra de Laura Ojeda, una audiencia que estaba en mora, pero que finalmente se surtió con un ingrediente adicional.

En la ciudad de Cartagena, el Clan del Golfo lideraba la mayoría de las actividades criminales, desde hurtos hasta homicidios. Sin embargo, un grupo de delincuentes tomaron la iniciativa de rebelarse y fundar su propia organización criminal. La bautizaron como Salsa Nueva Generación y todos son asesinos a sangre fría. La Fiscalía le hizo seguimientos a una serie de crímenes en los barrios San Fernando, Chapacua, Albornoz, Membrillal, Nelson Mandela, Fredonia y Campestre. Todos tenían relación con estos jóvenes, disidentes del Clan del Golfo.

Las propiedades que pasaron a la administración del Estado, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fueron adquiridas, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, producto de actividades relacionadas con el narcotráfico, de ahí la necesidad de hacer los operativos de extinción de dominio.

El preaviso de que 4.000 cargos en la Fiscalía saldrían al mercado para dar paso a empleados que llegarán por concurso se convirtió en una lotería que ningún funcionario quiso comprar. La incertidumbre provocó falsos divorcios, embarazos exprés y extrañas paternidades. Esta es la historia de los engaños de funcionarios del ente acusador para atornillarse en los cargos. “En nueve meses verán una asonada de licencias de maternidad”, advirtieron los funcionarios de la Fiscalía en los pasillos del búnker de Bogotá.