César Jiménez Flechas

En poder de la Fiscalía hay una versión que toma fuerza tras el avance de las investigaciones por el secuestro del pequeño Lyan Hortúa, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. SEMANA reveló detalles de la investigación y cómo una “deuda” pendiente con el narcotraficante Diego Rastrojo fue la causa del plagio. Sin embargo, otro dato llama la atención.Algunas versiones anticipan que una guerra entre bandas, motivada por un caso de justicia por propia mano, motivó el enfrentamiento que derivó en el secuestro del niño en su propia casa y frente a algunos de sus familiares.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no goza de un amplio margen de credibilidad, sin embargo, resulta un paso casi obligatorio para que denuncien a altos funcionarios, como magistrados o a la propia fiscal general de la nación.Al abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, le sobran las denuncias; una, justamente, se radicó ante la Comisión de Acusaciones y advierte que el exdirector jurídico de la presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, incurrió en el delito de tráfico de influencias, por lo que tiene que se

Una herramienta que supo manejar muy bien el entonces fiscal Francisco Barbosa, fue llegar a acuerdos anticipados con los sindicatos de la entidad. De esta forma la mayoría de estas organizaciones se mantuvieron en silencio en el cuatrienio que antecedió a la fiscal Luz Adriana Camargo. La dinámica de negociación la espera repetir la fiscal Camargo y para confirmarlo firmó un acuerdo con algunos sindicatos de la entidad y de la rama judicial, que agrupan un importante número de funcionarios, muchos con enormes reclamos sobre la situación de los trabajadores de la justicia.

Fueron más de cinco horas de intensos combates en el Valle del Cauca y derivados de un trabajo de inteligencia militar con tropas de la Tercera Brigada adscritas a la Tercera División. El resultado dejó cinco integrantes de las disidencias de las Farc, en el Valle del Cauca, neutralizados y que recibían órdenes directas del cabecilla criminal conocido con el alias Iván Mordisco.

Expertos en política advirtieron que la consulta popular nació muerta, aunque algunos sectores sentían que el ambiente era propicio para concebir un instrumento democrático, con el propósito de alimentar una jornada electoral.

La Procuraduría emitió un contundente concepto en el marco de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral en contra de la campaña Petro Presidente 2022 y, en su criterio, se probaron actuaciones que advierten violación de topes de gastos, en la primera vuelta y además se omitieron reportes en la segunda vuelta.

Un contrato por 650 millones de pesos en 2007 se convierte en elemento central de la imputación de cargos en contra del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, que en los próximos días tendrá que asistir con su abogado a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.El ente acusador advirtió que el exgobernador incurrió en algunas irregularidades en la celebración de un contrato, lo que hizo necesario convocarlo a una audiencia de imputación de cargos.

En algunos sectores se habla de paro, jornadas de movilización y protesta para este 28 y 29 de mayo. La invitación no fue recibida por los sindicatos de la rama Judicial, por lo menos en Bogotá, que, a través de una publicación en sus redes sociales, anunciaron que se “bajan del bus” de este paro. No participarían de las movilizaciones.Sin embargo, 40 minutos después, tomaron la decisión de sumarse en el paro.

“Está haciendo señas de disparos”, fue la advertencia que hizo una fiscal, mientras le imputaba cargos a un hombre señalado de utilizar productos veterinarios para dormir a sus víctimas y luego atracarlas. La imagen con la amenaza quedó en video. El hombre fue identificado como César Andrés Rivera Méndez y fue capturado luego de una investigación que dejó al menos una docena de víctimas, todas con el mismo relato y con los mismos síntomas, producto de la ingesta, involuntaria, de medicamentos de uso veterinario. Así fue la amenaza de un hombre a una fiscal en plena audiencia.

Un hombre que pagó una condena en una cárcel quedó en libertad por pena cumplida, sin embargo, en las bases de datos de la justicia se mantuvieron algunos requerimientos. Cuando trató de abrir una cuenta bancaria para recibir su pensión, le negaron esa posibilidad, tras advertir que existía una alerta. El afectado pospenado trató de demostrar por diferentes medios que su pena estaba extinguida y que no tenía deudas con la justicia, aun así la negativa del banco se mantuvo y con ello la imposibilidad de abrir la cuenta bancaria. Demandó y pidió al Tribunal de Bogotá proteger sus derechos.