César Jiménez Flechas

Hace más de un año, Mario Burgos, el entonces fiscal del caso contra Nicolás Petro, anticipó que se vendría una nueva imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro, ahora por hechos de corrupción. La advertencia se cumplió y la fiscal del caso radicó la solicitud.

Los operativos de la fuerza pública en el norte del país se incrementan y en el curso de las operaciones adelantadas por el Ejército nacional en el departamento de César, logró el sometimiento de un grupo de delincuentes que harían parte de las estructuras criminales conocidas como el Clan del Golfo.Los delincuentes, de acuerdo la información del Ejército, eran responsables de mantener en zozobra a la comunidad de varios municipios de ese departamento, incluso de entregar información a otras estructuras, con el objetivo de atacar a la fuerza pública en algunos desplazamientos.

El juicio contra dos policías de la Dijín procesados por la manipulación de los informes judiciales que derivaron en la interceptación de comunicaciones Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de Laura Sarabia, terminó y la Fiscalía pidió una condena en su contra.

Un campesino que la Fiscalía identificó como Armando Javier Quenorán vivía en la vereda El Edén de Santacruz de Guachavés, en el departamento de Nariño, y estaba dedicado a la cría de ganado.En junio de 2010, lo señalaron de ser un informante del Ejército y el ELN lo asesinó.“Armando Javier Quenorán, un campesino de la vereda El Edén de Santacruz de Guachavés (Nariño), dedicado a la cría de ganado, fue señalado por una estructura del autodenominado Frente Comuneros del Sur ELN de ser informante de la fuerza pública.

Esta semana, miembros del Ejército fueron víctimas de un ataque demencial y los responsables se disfrazan de ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta. Los responsables rociaron gasolina y quemaron a dos militares en el departamento de Putumayo. Los militares participaban en un operativo de erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína, cuando fueron víctimas de una asonada de supuestos ciudadanos que terminaron rociando con gasolina a los uniformados y les prendieron fuego. Dos uniformados resultaron gravemente heridos.

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, tiene otro asunto pendiente con la justicia, diferente a la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La Fiscalía radicó una solicitud de imputación de cargos en su contra por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Este capítulo está relacionado con las presuntas irregularidades en la celebración de contratos con la Fundación Conciencia Social y la gobernación del departamento del Atlántico.

Un falso odontólogo, de nacionalidad venezolana, montó un consultorio en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Sin ninguna clase de autorización o vigilancia, realizaba procedimientos invasivos a bajo costo, lo que garantizaba clientes y víctimas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el falso odontólogo abusó de una menor de edad que había asistido en varias oportunidades al improvisado consultorio. Se ganó la confianza de la familia y aprovechó el espacio para abusar de la menor, en distintos eventos y vejámenes.

En el marco de la investigación por la muerte de la pequeña Valeria Afanador, las víctimas mantienen reuniones con la Fiscalía y, en las más recientes, señalaron un hecho fundamental para avanzar en el esclarecimiento de este caso. Pruebas de ADN serían la clave pendiente.

Son cuatro meses de secuestro para los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, vinculados a la dirección de Protección de la Fiscalía, que terminaron en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los secuestraron el pasado 8 de marzo en el departamento de Arauca.

La defensa de Nicolás Petro utilizó su última intervención, antes del juicio, para hacer la exclusión de algunas pruebas presentadas por la Fiscalía, de cara a una condena contra el hijo del presidente Gustavo Petro. El abogado insistió en que algunas evidencias o testigos no se podrían utilizar en el juicio porque tenían un origen ilegal. El defensor incluso advirtió que el interrogatorio de Nicolás Petro no se podría usar en el juicio.