Laura Charry

Aunque las elecciones para elegir nuevo presidente y nuevo Congreso serán en 2026, desde ya el país político y económico se está preparando para ese escenario electoral. Los analistas consultados para este especial* no se pusieron de acuerdo sobre el impacto económico de un evento que no ocurrirá este año, pero del que claramente se habla cada vez con más frecuencia.En Asobancaria, por ejemplo, indican que, pese a las tensiones que se puedan generar, las instituciones han mostrado ser fuertes frente a los riesgos derivados de la pugnacidad política, por lo que el impacto sería menor.

A las acciones colombianas les llegó el momento de compensar años consecutivos de bajas. Desde 2020 eran recomendadas como el activo con mejores perspectivas de rentabilidad, pero el pronóstico no se cumplía. En 2024, finalmente, remontaron y se ubicaron como el segundo producto financiero de mejor desempeño en el país después del dólar. Para este año, la expectativa es que las acciones nacionales se sigan destacando. De hecho, entre enero y marzo de 2025 son las de mejor desempeño en el ámbito latinoamericano.

La convicción de que el trabajo conjunto es más eficiente que el individual está detrás del desarrollo de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), que arrancaron desde 2009 en Colombia y en los que hoy ya invierte el 4 por ciento de la población. Los FIC son vehículos financieros que permiten a un grupo de personas invertir en conjunto en diferentes instrumentos como acciones, bonos, bienes raíces o cualquier otro activo, con el objetivo de diversificar riesgos y acceder a oportunidades que podrían ser difíciles de alcanzar de manera individual.

Después de la pandemia, la inflación se convirtió en uno de los temas más sensibles para la economía nacional, pues en marzo de 2023 alcanzó su nivel más alto del presente siglo (13,34 por ciento). Esto, a su vez, llevó al Banco de la República a subir igualmente sus tasas de interés a máximos de más de 23 años.

El manejo de las finanzas públicas es hoy uno de los motivos de mayor preocupación para analistas e inversionistas, pues el descuadre no solo implica que el Gobierno cuente con menos recursos, sino que también impacta las decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés y genera una mayor percepción de riesgo país, presionando al alza el precio del dólar.

En medio de las dificultades fiscales que vive el país, se ha hablado de la necesidad de una nueva reforma tributaria; sin embargo, los analistas* creen mayoritariamente que esta nacería muerta. Esto por el insuficiente respaldo que tiene el Gobierno en el Congreso. Así mismo, la recién decretada Conmoción Interior le restaría espacio a otro proyecto para cambiar el sistema impositivo.

La inflación completó tres meses consecutivos en un nivel de 5,2 por ciento (diciembre, enero y febrero). Si bien es una cifra menor a la registrada un año atrás, es un dato que no deja de generar preocupación, pues todos los esfuerzos están encaminados para que el costo de vida baje más. Los economistas consultados* consideran que lo que más está impidiendo que la inflación ceda son los gastos relacionados con el pago de servicios públicos, en particular, luz y gas.

En medio de la polémica entre el Distrito y la nación por unas normas ambientales que dejó la exministra Susana Muhamad antes de salir de su cargo, que pondrían en entredicho la construcción de nuevas viviendas en la sabana de Bogotá, ha crecido la preocupación por un silencioso cambio demográfico que está experimentando el país y que se vería muy afectado por la mencionada disputa.Se trata del creciente número de colombianos que viven solos, aumentando la demanda de vivienda y conformando lo que técnicamente se denomina como hogares unipersonales.

La calificadora Fitch Ratings, una de las tres más relevantes en el mundo, revisó la perspectiva de sus evaluaciones de Colombia y la puso en negativo.

Desde que se anunció la reforma pensional del Gobierno Petro, una de las primeras aclaraciones que se hicieron fue que estos cambios no cobijarían a las personas que llevaban más tiempo cotizando bajo las condiciones establecidas hace treinta años, cuando se creó la Ley 100. A ellos se les reconocería el derecho adquirido de poderse pensionar tal como estaba establecido hasta ese momento.De hecho, la Ley 100 estableció un régimen de transición que permitió a sus beneficiarios pensionarse dos años antes de la edad fijada posteriormente.