Felipe Morales Mogollón

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) evolucionó de un caso de corrupción relacionado con un contrato amañado y plagado de irregularidades en la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, a una compleja trama judicial que involucra a 11 congresistas, altos funcionarios del Gobierno y contratistas de la entidad.

Un escándalo que marca mayor estaría pasando de agache. Se trata de un caso que involucra a menores de edad en posible riesgo de maltrato e incluso abuso sexual; a una altísima funcionaria de la ONU en América Latina, que habría falsificado un fallo de acción de tutela que le prohibía sacar a su hijo de país; a funcionarios de Migración que no cumplieron con su deber de verificar documentos; a la familia del padre del menor, que la acusan de un intento de secuestro y de “custodia arbitraria”; y al papá, en la cárcel con pedido de extradición por una denuncia de la representante de la ONU.

Tal como señaló el acuerdo de paz y aunque no haya una reparación de fondo, quienes confiesen la verdad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto serán beneficiados con la cesación de la acción penal en su contra. Incluso si se trata del asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combate; lo que se ha conocido como falsos positivos.Esto acaba de ocurrir con 11 militares, adscritos al Batallón La Popa, uno de los lugares donde más se presentaron casos de falsos positivos.

Hace un año ocurrió el cinematográfico asesinato del prestigioso auditor Hernán Roberto Franco en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de la 93. La escena del crimen fue reconstruida con cámaras de seguridad y hasta se vio una imagen que impactó. Franco, mientras hablaba por teléfono, cayó al piso tras recibir un disparo y murió unos minutos después.

Un durísimo remezón se está dando en la Policía Nacional. Tras el cambio de director general con el nombramiento del general Carlos Triana, vinieron cambios de fondo que tienen temblando a los oficiales de alto nivel de la institución. La premisa es la lucha contra la corrupción en la Policía.SEMANA ya ha confirmado la salida de 22 oficiales entre tenientes, coroneles y mayores, todos por llamamiento a calificar servicios.Se sabe que esta cifra podría llegar a 60.

El cerco se le ha venido cerrando a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, vinculada al millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tuvo que echar reversa y pasó de posar como víctima de una persecución a abrir la puerta a una eventual negociación con la Fiscalía para buscar beneficios judiciales.

El caso de Nicolás Petro, en el que está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al recibir dinero para la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, para luego embolsillárselo, completa dos años y muy poco ha avanzado. Por el contrario, el hijo mayor del primer mandatario ahora busca caminos para recuperar por completo su libertad.