Sofy Casas

El atentado contra Miguel Uribe no fue un hecho aislado. Fuentes cercanas a la investigación advierten sobre algo mucho más grave: una estrategia en marcha para desviar la atención de los verdaderos responsables. Se estaría construyendo —presuntamente con apoyo del G2 cubano— un relato fabricado que apunta a una supuesta “mafia extranjera” con base en Miami o Dubai. Una versión conveniente que encaja perfectamente con la narrativa oficial que insiste en culpar a una “extrema derecha internacional” por los hechos recientes.

No es una exageración. No es retórica. Es la realidad. Petro está entregando Colombia a China. No como socio, ni siquiera como aliado estratégico, sino como dueño. Como amo. Como patrón silencioso de un país que camina hacia el sometimiento. Lo que ya ocurrió en Venezuela está a punto de repetirse en nuestro país, con el mismo libreto, los mismos actores y la misma tragedia.

La consulta popular que planea Gustavo Petro no es otra cosa que un intento descarado de atornillarse en el poder. No estamos ante un proceso democrático genuino ni ante una iniciativa que busque verdaderamente escuchar al pueblo. Lo que Petro está orquestando es una jugada maestra para perpetuarse en el poder, utilizando como excusa la “voluntad del pueblo” mientras manipula las instituciones del país.

Dentro del macabro complot que se viene ejecutando en contra del expresidente Álvaro Uribe hubo un capítulo protagonizado, nada más y nada menos, que por la propia Corte Suprema de Justicia y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

La Comuna 13 de Medellín es un ejemplo de transformación y esperanza para Colombia. Lo que alguna vez fue un territorio controlado por grupos armados ilegales, hoy es un símbolo de la lucha por la paz, la seguridad y el desarrollo. Sin embargo, sectores de la extrema izquierda en manos del petrosantismo, utilizando herramientas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), buscan reescribir la historia para deslegitimar los esfuerzos del Estado y favorecer a quienes, en su momento, sembraron el caos en la zona.

La reciente decisión de Gustavo Petro, de enviar al embajador colombiano en Venezuela para que asista a la toma de posesión de Nicolás Maduro, el próximo 10 de enero, ha generado un fuerte debate tanto en el país como a nivel internacional.