Desde Valledupar, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll anunció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Principalmente por su participación en 827 secuestros, tanto individuales como colectivos, cometidos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.
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Entre las víctimas figuran la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, y el exministro Fernando Araújo Perdomo.
“Esta estructura fue responsable del 15 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP, siendo uno de los bloques con mayor número de casos, especialmente mediante retenes ilegales o ‘pescas milagrosas’”, afirmó la magistrada.
La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó crímenes como homicidios, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y desplazamientos, en contextos donde las víctimas eran utilizadas para obtener dinero, forzar intercambios por guerrilleros presos o ejercer control territorial.
El gremio ganadero fue uno de los más afectados, al ser señalado como aliado del paramilitarismo. Los imputados en este caso son: Abelardo Colorado, Osmany Landero, Gilberto de Jesús Giraldo, Luis Cuadras Solórzano y Uriel Oviedo.
Lemaitre explicó que los exguerrilleros seguirán bajo el régimen de condicionalidad, lo que significa que continúan en libertad, pero con restricciones.
“Deben presentarse cuando se les convoque, no pueden salir del país sin autorización de la JEP y deben seguir comprometidos con el proceso de reincorporación”, dijo.
Sobre el caso de Consuelo Araújo, la magistrada señaló que los autores materiales actuaron bajo órdenes generales del Bloque Caribe: “Tenían la instrucción de secuestrar políticos para presionar intercambios y de no permitir que el Ejército los rescatara con vida”.
Por su parte, Andrés Molina Araújo, hijo de ‘La Cacica’, criticó que después de casi 25 años aún no se haya hecho justicia en el caso de su madre.
“Consuelo va a cumplir 25 años de haber sido asesinada y apenas ahora se hacen estas imputaciones. La Farc ha hecho reconocimientos muy tímidos y no ha pedido perdón, ni siquiera al pueblo de Valledupar y del Cesar, al que mi madre le pertenecía más que a nosotros”.
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También lamentó que aún no se sepa con certeza cómo ocurrieron el secuestro y asesinato de su madre. “Esperamos que la JEP esclarezca realmente lo que pasó, no solo como familia, sino porque la sociedad tiene derecho a conocer la verdad completa”.