El fallo que le concedió recientemente libertad condicional a Emilio Tapia sigue levantando polémica, más aún, dado el grave daño que produjo el condenado a las arcas de la Nación y la falta de respuestas que aún persiste en el caso de Centros Poblados.
(Vea también: Drogas La Rebaja podría quedar en manos de oscuro empresario: habría estrategia oculta)
Además del ‘Carrusel de la Contratación’ que causó un grave detrimento para la infraestructura en la capital del país, Centros Poblados también dejó muchas personas afectadas, sobre todo niños de las regiones más apartadas del país, que quedaron desconectados durante la pandemia.
El caso es complejo y lejos de asumir su culpa directa, Emilio Tapia se ha dedicado a minimizar su participación, asegurando, como lo hizo en una entrevista con La W, que su responsabilidad se debió exclusivamente a la omisión de revisar las garantías bancarias (pólizas) de la unión temporal Centros Poblados, que no estaba preparada para asumir el jugoso proyecto.
“Teníamos confianza en la compañía, había expedido casi 300 pólizas a procesos de los que tenía conocimiento”, afirmó el condenado.
Adicionalmente, Tapia aprovechó el tiempo al aire para hablar del rol de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, quien salió absuelta por la Procuraduría. “La responsabilidad sería únicamente de la señora ministra o de los que la antecedieron”, dijo ante lo indicado por el hoy precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, quien aseguró que el contrato desde un comienzo tuvo cifras infladas.
Tapia aseguró que en la Fiscalía dejó, además, pruebas y testimonios sobre la presunta solicitud de un anticipo de dinero por parte de la exministra para garantizar la ejecución del contrato. Según el polémico empresario, el ministerio también pecó en la falta de verificación de las garantías de la unión temporal, lo que marca una grave falla tratándose de un ente con responsabilidad en el manejo de los dineros del Estado.
“Hubo un linchamiento mediático y yo asumí la responsabilidad por omisión. Pagué por ese error. No me canso de pedirle perdón al país, a mi familia y a todas las personas cercanas a mí, jamás pensé estar en una situación así”, aseguró Tapia haciendo gala de su dramático arrepentimiento.
¿Qué pasó con los 70.000 millones de pesos de Centros Poblados?
El excontratista afirmó que los 70.000 millones que aparecieron mencionados inicialmente en el caso no se perdieron, por lo cual fue absuelto de responsabilidad fiscal por la Contraloría. Incluso, aseguró que los socios de la unión temporal fueron los que terminaron poniendo dinero de su bolsillo porque el contrato costó mucho más de la cifra mencionada y comenzó a funcionar desde antes de la llegada del anticipo.
Sin embargo, en su momento se comprobó que al menos 5.000 millones de esa cantidad fueron utilizados en compras personales, entre obras de arte, vuelos charter y otros sospechosos rubros. Ante esto Tapia sostuvo la tesis de haber utilizado su propio dinero en un comienzo, por lo que habría recibido una reposición de la inversión inicial.
Ante las respuestas del entrevistado, el director de la W Julio Sánchez Cristo, afirmó: “Le vamos a terminar debiendo a usted señor Tapia”. Sin embargo, Tapia continuó con su disertación y aseguró que los nombrados 70.000 millones de pesos terminaron en los puntos de conexión que supuestamente se lograron instalar.
¿Emilio Tapia devolverá dinero por Centros Poblados?
Aunque durante la entrevista en La W Emilio Tapia no fue claro sobre la devolución de dineros en este caso, lo cierto es que de los 5.000 millones de pesos antes mencionados existe un registro de su compromiso con la Fiscalía.
“Desde hace 14 meses estoy trabajando en un proceso de restauración para devolver ese daño causado; yo lo quiero restaurar, lo empezamos de la mano de la Universidad Libre, pero hubo muchos traspiés y la Fiscalía decidió hacer el proceso penal primero”, declaró el condenado, nebulosamente, sin referirse a las cifras contantes de su desfalco.
Noticias Caracol reportó que Tapia, en una audiencia virtual llevada a cabo en septiembre de 2024, propuso pagar el dinero en dos partes de 1.265 millones de pesos cada una, programadas para abril y octubre de 2025. Para garantizar estos pagos, ofreció constituir una hipoteca sobre un inmueble en Girardot y ceder derechos fiduciarios de un edificio en Bogotá.
La polémica está lejos de terminar y en el medio de todo, mientras continúa el ‘tire y afloje’ de responsabilidades por sumas exhorbitantes de dinero, quedan las verdaderas víctimas de los entramados de corrupción que desangran al Estado: las personas más vulnerables, que, además de ser ignoradas históricamente por las instituciones, reciben falsas esperanzas, con promesas que nunca llegan a nada.