La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dentro de las investigaciones que se siguen por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
La decisión fue adoptada por parte de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia al existir méritos suficientes y elementos de prueba para formularle cargos como supuesta autora del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Esta diligencia se realizará en la fecha y ante el juzgado de control de garantías que establezca el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
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Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada María Cristina Patiño, la exfuncionaria presuntamente fue pieza clave en todo este entramado de corrupción al servir de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la Fiscalía aseguró: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”, indica el escrito de acusación.
En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
En esa oportunidad Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
“Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.
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Según señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
En su momento, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que se le otorgó protección especial a María Alejandra Benavides, al señalar que se avanzaba en la posibilidad de buscar concretar una eventual negociación. Una posibilidad de negociación, que pese a la imputación de cargos seguiría abierta hasta que inicie la etapa del juicio en su contra.