•El alcalde Alejandro Char se declaró impedido por su vínculo con la constructora que edificó conjuntos.
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La figura del alcalde ad hoc fue necesaria porque el alcalde titular, Alejandro Char, presentó un impedimento ante la Procuraduría Regional del Atlántico, argumentando un interés particular que podría afectar la imparcialidad en los trámites administrativos y judiciales relacionados con estos casos.
Cabe recordar que el actual alcalde de Barranquilla era el representante de la constructora Alejandro Char & Cía que entre el 2002 y 2005 edificó varios conjuntos residenciales —como Altos del Campo y Ciudad del Sol— en la zona de Campo Alegre.
Alejandro Char alcalde de Barranquilla. Prensa Alcaldía de BarranquillaPor esta razón, el Ministerio del Interior asumió la responsabilidad de nombrar a un funcionario externo para atender estos procesos. Es decir que Berdugo no es el primero que llega a manejar el caso.
Conjuntos en zona de riesgo
Los problemas en Campo Alegre comenzaron en la década de los 90, cuando el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) catalogó el terreno como inestable debido a riesgos de deslizamientos.
Aspecto general de la edificación que se desplomó en Campo Alegre en el 2024. Vanexa RomeroSin embargo, en 1997, el Distrito de Barranquilla modificó el Plan de Ordenamiento Territorial para permitir la construcción de proyectos habitacionales en esa zona, ignorando las alertas de riesgo. Entre 2002 y 2005, varias constructoras, edificaron conjuntos residenciales, que luego presentaron fallas graves como grietas y hundimientos después de ser entregados.
En 2010, tras fuertes lluvias, la ladera sufrió deslizamientos que afectaron gravemente las estructuras, lo que llevó a la evacuación de más de 400 familias y al cierre de los edificios en riesgo.
El Distrito ha debido asumir costos millonarios en subsidios de arriendo y obras de estabilización, mientras que las constructoras han sido señaladas por su responsabilidad en la crisis.
Recientemente en el sector de Campo Alegre se reportó un trágico episodio con el desplome parcial de un edificio residencial. El 28 de noviembre de 2024, una parte del edificio del conjunto Privilegios colapsó, dejando una persona fallecida y varios menores heridos, a pesar de que el edificio había sido evacuado desde 2010 por riesgos estructurales, pero algunas familias la habitan pese al riesgo.
La misión del Berdugo
El propósito principal de esta designación es que Berdugo conozca y gestione las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con los programas de vivienda.
Jaime Berdugo y Armando Benedetti. Tomada de X: Ministerio del InteriorLos conjuntos residenciales involucrados en este proceso son Ciudad del Sol I y II, Terragona, Barcelona, Parque 100 y Parque 98, donde se han presentado problemas estructurales graves, incluyendo agrietamientos y un colapso que causó la muerte de una persona el año pasado.
Berdugo explicó que su misión será hacer cumplir los fallos judiciales y las acciones administrativas que se han dictado en favor de los afectados.
Recordó que actualmente existen cuatro procesos judiciales abiertos: una acción de grupo, una acción popular y una tutela, todos relacionados con las viviendas de Campo Alegre.
Los afectados por la situación en Campo Alegre han sufrido desalojos y problemas para recibir subsidios temporales de arriendo, lo que ha generado una crisis social prolongada.
Algunas viviendas fueron desalojadas por riesgos de deslizamiento y deterioro estructural, pero han sido reocupadas informalmente, complicando aún más la situación. Además, la deuda por indemnizaciones y reparaciones asciende a cientos de miles de millones de pesos, y la justicia ha ordenado una responsabilidad solidaria entre las constructoras y el Distrito de Barranquilla.
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Berdugo, quien conoce bien la ciudad y ha trabajado anteriormente en la administración distrital, y en la Gobernación del Atlántico, es natural de Sabanalarga, en el centro del departamento.
El viceministro aseguró que no tiene impedimentos para ejercer este cargo y que su objetivo es garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y administrativas para resolver la situación de los damnificados.