El pasado viernes, 12 de septiembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump tiene viable revocar las protecciones legales para más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que residen en el país con permisos especiales. Tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito federal determinaron que la medida de la administración nacional puede revocar los permisos de protección que fueron impulsadas por el expresidente Joe Biden, para crear nuevas vías para que las personas en peligro en sus países puedan residir en Estados Unidos. Este permiso le permitía a los extranjeros vivir en el país norteamericano hasta por dos años, además se les otorgaba un permiso de trabajo.Desde la posesión de Trump, el gobierno se ha esforzado por eliminar esta iniciativa. En marzo, la Corte Suprema le dio autoridad a la administración para llevarlo a cabo. Ahora, se está a la espera que las personas afectadas pierdan su permiso laboral, lo que los deja en riesgo de deportación. “Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito: que los beneficiarios de los permisos condicionales que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre irse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye ser separados de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a peligros en sus países de origen”, declararon los jueces en el fallo sobre el caso, según la prensa estadounidense. “Pero, en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”, agregaron. “Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió, y la administración Trump cruel e irracionalmente no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno”, dijo por su parte Esther Sung, la directora legal del Justice Action Center, que además es abogada del caso. Según ella, la medida recién aprobada “perjudicaría a todos”, de acuerdo con los testimonios recopilados por la prensa nacional. “Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio”, complementó Sung en un comunicado al respecto. El Departamento de Justicia explicó en un documento sobre el tema que los permisos temporales eran otorgados a las personas que huyen de sus países por agitaciones políticas, persecuciones o por problemas económicos. Estas solo sirven por un tiempo determinado, que les permite a los beneficiados resolver su estatus migratorio.
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