Demandada consulta del Pacto Histórico ante Tribunal de Cundinamarca: “Petro usa el dinero de los colombianos como caja menor”

El precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y el reconocido abogado, Germán Calderón España, radicaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde reclaman “la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa”, tras la consulta interna del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025.Solicitaron al Tribunal que “extienda, a través de una decisión judicial, los efectos de la Ley 906 de 2005 a la consulta interna del Pacto Político Pacto Histórico y, más allá de esta norma, los límites previstos en la misma en materia de prohibiciones, de afectaciones a las nóminas, de restricciones en la contratación estatal antes de la realización de la misma, entre otros aspectos para guardar el equilibrio electoral en las próximas elecciones presidenciales”, se lee en la demanda.Y pidieron que se decrete una medida cautelar consistente en ordenar a la Presidencia de la República “la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño: intervención del presidente en la campaña política presidencial 2026-2030, utilización de bienes del Estado, de la contratación estatal y de las nóminas en forma irresponsable a favor de los precandidatos que participarán en la consulta interna del Partido Político Pacto Histórico a celebrar el 26 de octubre de 2025, hecho que deberá producirse desde la fecha de su decreto, en tanto, ya están en la correspondiente campaña para dicho acto electoral”.A juicio de De la Espriella y Calderón España se requiere con urgencia la adopción de medidas que protejan el derecho colectivo a la moralidad administrativa en inminente peligro de ser violado, “pues, sin los límites que contempla la Ley de Garantías Electorales para la consulta interna del Partido Político Pacto Histórico, el presidente bien puede utilizar los bienes del Estado, el presupuesto, las nóminas, etc., en pro de su colectividad política a la que pertenece. Entonces, ¿dónde que el propósito de contar con un debate electoral a la Presidencia que garantice la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley? Ese propósito del legislador se quedó corto cuando se trata de una consulta interna en esas condiciones, es decir, en la que el partido político del presidente escogerá su candidato único, con la presunta e inminente inversión del Estado que es de todos los colombianos", añadieron.Pidieron a los magistrados decretar varias pruebas testimoniales, entre ellas, las de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y César Gaviria. También los precandidatos presidenciales María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño, el exprecandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, y el presidente del Senado, Lidio García, y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.“Gustavo Petro no puede desangrar al Estado y usar el dinero del pueblo como caja menor de su partido. La democracia se defiende con firmeza”, argumentó Abelardo de la Espriella. El Tribunal decidirá en las próximas semanas.