Bogotá
Investigadora de la Universidad Nacional advierte que Bogotá podría repetir el error del Bronx en zonas vulnerables como María Paz y Santa Fe
Carol Malaver
11 de agosto 2025 , 02:29 p. m.
11 de agosto 2025 , 02:29 p. m.
Investigadora de la Universidad Nacional advierte que Bogotá podría repetir el error del Bronx en zonas vulnerables como María Paz y Santa Fe
Estudio alerta que barrios como María Paz, Santa Fe y Corabastos podrían vivir el desplazamiento que sufrieron los habitantes de calle del Bronx.
Carol Malaver
La transformación urbana del Bronx —hoy Bronx Distrito Creativo— es presentada como un hito de recuperación: arte, economía naranja y turismo sobre un espacio antes estigmatizado. Sin embargo, la investigación de Andrea Inés Erazo Silva, magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), revela otro lado de la historia: una intervención que invisibilizó y expulsó a sus habitantes más vulnerables, en especial a las personas en situación de calle que no fueron registradas ni atendidas por el Estado.
Según la investigadora, esos mismos patrones de exclusión podrían repetirse en el suroccidente de la ciudad, particularmente en María Paz, en la localidad de Kennedy, donde el 65 % de las viviendas —unos 12.531 hogares— están cerca a expendios de droga, según cifras del Concejo de Bogotá.
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También advierte sobre la localidad de Santa Fe, que presenta condiciones similares a la UPZ Corabastos, como habitabilidad de calle, hurtos y consumo de sustancias psicoactivas. “Lo ocurrido en el Bronx no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que se puede replicar (…) cuando una zona se vuelve incómoda para la lógica comercial de la ciudad, se convierte en blanco de renovación. Pero si se repite el mismo enfoque, el resultado será el mismo: desplazamiento y dispersión”, señala.
Esa omisión muestra un grave vacío: las políticas públicas no reconocen que estas personas existen en los territorios que se intervienen. Ante la falta de atención institucional, fueron desplazadas hacia zonas como Santa Fe, la Caracas o la calle sexta, donde permanecen en mayor vulnerabilidad
El estudio, explica la investigadora, identifica tres factores que se conjugaron en la intervención del Bronx: invisibilización institucional de la población habitante de calle, reducción de la política pública a un enfoque asistencial y sanitario, y ausencia de seguimiento o trazabilidad sobre las personas desplazadas.
La investigadora revisó documentos técnicos formulados entre 2016 y 2021 por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), incluyendo el Plan Parcial Voto Nacional – La Estanzuela (aprobado en 2015) y el Plan de Gestión Social del Bronx Distrito Creativo. Aunque este último incluía acciones para mitigar impactos sobre recicladores, comerciantes informales y habitantes de calle, no garantizaba permanencia digna ni contemplaba mecanismos reales de inclusión social.
El plan, dice la académica, solo censó y reubicó a propietarios, arrendatarios, subarrendatarios y usufructuarios con vínculo legal sobre los inmuebles, dejando por fuera a la población en situación de calle. Para la magíster, esta omisión refleja una falla institucional estructural desde la planificación.
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La debilidad de los censos
Entre 1997 y 2021 solo se realizaron diez censos de habitantes de calle en el país, muchos sin rigor técnico ni seguimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La falta de datos confiables dejó por fuera del diagnóstico poblacional a cientos de personas, impidiendo una planificación integral y reforzando su invisibilización.
“Esa omisión muestra un grave vacío: las políticas públicas no reconocen que estas personas existen en los territorios que se intervienen. Ante la falta de atención institucional, fueron desplazadas hacia zonas como Santa Fe, la Caracas o la calle sexta, donde permanecen en mayor vulnerabilidad”, afirma Erazo.
El habitante de calle no tiene derecho a la vivienda ni a decidir dónde vivir; el sistema estatal les ofrece salud o asistencia, pero no permanencia digna. De esta manera, si se repite el mismo enfoque del antiguo Bronx, el resultado será el mismo: desplazamiento y dispersión
La investigación define el desplazamiento forzado urbano este fenómeno como una forma de violencia que no requiere intervenciones físicas directas, pero sí una presión institucional y territorial que obliga a abandonar un lugar sin opción de permanencia. A diferencia del desplazamiento por conflicto armado, este no está reconocido jurídicamente en Colombia y carece de políticas estatales para prevenirlo o reparar a las víctimas.
“El habitante de calle no tiene derecho a la vivienda ni a decidir dónde vivir; el sistema estatal les ofrece salud o asistencia, pero no permanencia digna. De esta manera, si se repite el mismo enfoque del antiguo Bronx, el resultado será el mismo: desplazamiento y dispersión”, señala la magíster.
El POT le otorga una personalidad a la ciudad, pero en la ejecución esta se desvirtúa. Se prioriza la belleza urbana, el tránsito, la inversión. Lo social queda relegado. Además, la política pública actual para habitantes de calle se reduce a una oferta de salud y asistencia
Aunque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá (Decreto 555 de 2021) busca una ciudad sostenible, la investigación evidencia que, en la práctica, los proyectos priorizan la valorización económica del suelo sobre el bienestar social. “El POT le otorga una personalidad a la ciudad, pero en la ejecución esta se desvirtúa. Se prioriza la belleza urbana, el tránsito, la inversión. Lo social queda relegado. Además, la política pública actual para habitantes de calle se reduce a una oferta de salud y asistencia”, subraya.
Como alternativa, la investigadora plantea adoptar un enfoque estructural basado en el modelo Housing First de Finlandia, que entrega primero una vivienda estable y, desde allí, impulsa procesos de rehabilitación, empleo y reintegración. “En Finlandia lograron una tasa del 80 % de reintegración social”, destaca.
Su propuesta no exige más recursos, sino reorganizar prioridades: alianzas público-privadas, uso de inmuebles públicos y reorientación de planes de renovación urbana, reconociendo la habitabilidad como un derecho.
¿Qué opinan los expertos?
Barrio María Paz de Kennedy.
Archivo particular
El experto en seguridad ciudadana Orlando Carrillo, entrevistado por EL TIEMPO, advirtió que el fenómeno social evidenciado en el Bronx podría estar reproduciéndose en otros puntos de la ciudad. “Desafortunadamente es un fenómeno social que muy seguramente se está ya reflejando en otros sectores de Bogotá, como lo es efectivamente María Paz, incluso la misma zona que está cercana al Bronx, lo que llamamos la zona de la Leona y todos estos sectores periféricos alrededor de lo que denominamos el San Bernardo”, señaló.
Recuperar estos sectores no es solamente desplazar a quienes habitan allí, sino que se genere una política integral que les permita retomar una vida, una cotidianidad y no desplazarse a otros sectores para seguir en la misma tónica
Explicó que en estas zonas, tradicionalmente habitadas por personas del común, la llegada de población desplazada con problemas de consumo de alucinógenos ha generado cambios drásticos. “Estas zonas de una u otra manera se han convertido en unos territorios bastante complejos donde la autoridad y el Estado no ha logrado hacer una buena inmersión”, sostuvo.
Carrillo insistió en que la solución no puede limitarse a desplazar a sus habitantes. “Recuperar estos sectores no es solamente desplazar a quienes habitan allí, sino que se genere una política integral que les permita retomar una vida, una cotidianidad y no desplazarse a otros sectores para seguir en la misma tónica”, dijo.
Según el experto, la falta de atención integral ha provocado que estas personas se desplacen por distintos puntos de la capital, afectando a otros barrios. “Vuelvo y repito, María Paz, un sector que hoy está siendo consumido por las drogas o las personas que están viviendo allí, que vienen desplazadas de otros sectores donde ahora se va a generar urbanismo”, comentó, alertando que esta situación también se observa en lugares como San Bernardo, el barrio Las Cruces y El Amparo.
Carrillo cuestionó que, en algunos casos, las autoridades utilicen a esta población para afectar zonas y luego transformar su valor. “Han sido utilizados por las mismas autoridades para lesionar a algunos sectores, esto con el fin de luego lograr unas ventas o unas compras de las viviendas a unos menores costos y luego transformarlas en zonas urbanísticas de alto costo”, afirmó.
Finalmente, recalcó que el verdadero cambio pasa por políticas públicas serias que atiendan la raíz del problema. “Bogotá efectivamente debe cambiar no solamente su cara arquitectónica, sino que de fondo la persona que vive en Bogotá tenga cultura o ambiente de ciudadanía y deje a un lado las actividades del microtráfico, el tráfico de drogas y el consumo, que es el que más lesiona a estas personas que hoy vemos sumidas en este desafortunado episodio”, concluyó.
El experto en seguridad Andrés Nieto advirtió que uno de los principales problemas en las intervenciones de zonas señaladas como problemáticas por su gobernanza criminal y rentas delincuenciales es que no se aprende de las experiencias pasadas. “Desde lo que pasó en el Cartucho, el Bronx, hoy en diferente medida, pero con situaciones que requieren atención como María Paz, el Amparo, lo que pasa en La Favorita, Voto Nacional, La Estanzuela, el mismo Santa Fe, Santo Domingo o San Bernardo, es que todos deberían tener tres puntos claves para poder intervenir”, señaló.
Toda intervención que no tenga una mirada social y que no perdure termina por atomizar las problemáticas y estigmatizar a las poblaciones vulnerables en otras zonas de la ciudad
El primero, explicó, es reconocer que, aunque en gran parte se trate de un tema de seguridad por la presencia de bandas y organizaciones criminales, el origen está en la desatención social, y no únicamente en una problemática de Policía, Ejército o justicia. “Estas zonas han sufrido el abandono espacial, territorial, social, y sobre todo, la llegada masiva de población vulnerable —como víctimas de desplazamiento, migrantes o personas en situación de explotación sexual y habitabilidad en calle—. No es que su presencia genere el problema; por el contrario, llegan porque las problemáticas delincuenciales y sociales terminan por estigmatizarlas en otras zonas, y por la vulnerabilidad que tienen son instrumentalizadas por estos grupos”, dijo.
En segundo lugar, Nieto resaltó que cualquier intervención debe ir acompañada de un informe sobre la situación social y la cobertura institucional, no solo del Distrito, sino también de entidades nacionales como el ICBF. Esto, para garantizar que, en simultáneo con la operatividad de Policía y Fiscalía, se atienda de forma inmediata toda la dinámica social, evitando la revictimización y la falta de atención a las personas.
Finalmente, subrayó que las intervenciones no pueden limitarse a operativos de unas horas o a “fotografías”, sino que deben plantear procesos a mediano y largo plazo. “En María Paz y el Amparo, por ejemplo, la Acción Popular solicita un plan integral de casi 20 años para mitigar todas las problemáticas. No se puede sobrecargar a la Policía con el tema; se requiere atención social, psicosocial, espacial, mejora del espacio público, acceso a servicios, educación, salud, vivienda y caracterización, de forma continua. Esto no son jornadas ni ferias de servicios, sino una intervención integral decidida”, sostuvo.
Nieto advirtió que, si luego de hacer el análisis no se puede asegurar la continuidad de la intervención en el tiempo, lo mejor es no ejecutarla. “Toda intervención que no tenga una mirada social y que no perdure termina por atomizar las problemáticas y estigmatizar a las poblaciones vulnerables en otras zonas de la ciudad”, concluyó.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
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