Fuentes internas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmaron a SEMANA que el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli Arteaga, junto con dos magistrados de alto rango están en un viaje oficial a Irlanda. Se trata de la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, ponente del caso del coronel Publio Hernán Mejía, y del magistrado Pedro Díaz, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.Los magistrados fueron invitados por el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, y los gastos cubiertos por la institución, para que participen del encuentro ‘Persiguiendo la justicia posacuerdo: Perspectivas comparadas desde Colombia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda’.Allí, se espera que Ramelli Arteaga sostenga reuniones con Pamela Uwakwe, directora de la Unidad de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Irlanda, y con Betty Escorcia Baquero, embajadora de Colombia en Irlanda.El alto tribunal, tras ser consultado por este medio, explicó que “la participación en este tipo de intercambios es fundamental para la JEP, que basa su labor en estándares internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional”.Recientemente, la JEP ha estado en el ojo del huracán por el llamado turismo judicial y los escasos resultados de cara a las víctimas y la opinión pública.Como lo documentó SEMANA, luego de una respuesta a un de derecho de petición enviado a ese tribunal, entre 2022 y 2024 la JEP autorizó 190 comisiones de servicio, de las cuales al menos un 34 % se realizaron fuera del país, muchas de ellas financiadas por entidades privadas o internacionales.Los destinos frecuentes incluyen Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, España, Suiza, Francia, México, Guatemala, Jordania, Países Bajos, Irlanda del Norte, Escocia, Nepal, Perú, entre otros. Esta no es la primera vez que la institución es objeto de críticas por viajes controvertidos. En abril de 2025, Alejandro Ramelli convocó a varios magistrados para un taller en un exclusivo hotel boutique en Palomino (La Guajira) para discutir justicia restaurativa y estrategias. El viaje fue cuestionado por su costo elevado —una noche estimada en hasta un millón de pesos por persona— y por su impacto en los procesos judiciales, en un momento en que la JEP aún no ha emitido ninguna sentencia condenatoria contra responsables de macrocasos luego de casi ocho años de funcionamiento. Adicionalmente, en otro episodio reciente, la senadora Paloma Valencia remitió una carta al senador estadounidense Marco Rubio, solicitando no renovar el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia, otro elemento que amplía el debate sobre el enfoque político de la JEP fuera del país.Según el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, “la Jurisdicción Especial para la Paz le ha costado a los colombianos alrededor de 4 billones de pesos y ha emitido CERO sentencias condenatorias en casi 8 años”.La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP le ha costado a los colombianos alrededor de 4 billones de pesos y ha emitido CERO sentencias condenatorias en casi 8 años.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 30, 2025
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