El Ministerio de Defensa no solo sugirió apretar las finanzas de las Fuerzas Militares y la Policía en medio de la guerra que sostienen con los grupos criminales. SEMANA conoció que esta cartera también descuidó una multimillonaria deuda que todos los días está creciendo y amenaza la estabilidad de la entidad. Se trata de 15.915 cuentas de cobro pendientes que suman más de 6 billones de pesos por cuenta de sentencias y conciliaciones judiciales. La respuesta que les ha dado la entidad a las autoridades es que no tiene con qué asumir estas obligaciones por la limitación presupuestal que tiene el Gobierno nacional.Por diferentes órdenes de juzgados y tribunales, esta plata busca reparar a los uniformados que sufrieron accidentes en medio del servicio y a las familias de los que fallecieron en las mismas circunstancias.El dinero también busca saldar las irregularidades cometidas por agentes de la fuerza pública y cubrir las exigencias proferidas por jueces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y matanzas que tienen el sello del Estado.De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, al menos 60.000 personas están esperando estos recursos que se han ido acumulando, por lo menos, en los últimos siete años. La versión de algunas víctimas es que el Ejecutivo se estaría burlando de ellas y de la Justicia.Una de ellas es el soldado retirado Abdón Vargas Chavarro, quien perdió una de las piernas tras recibir un disparo de un compañero de trabajo en 2015, en un batallón de Santander. Un juez amparó sus derechos y le ordenó al Ministerio indemnizarlo, pero la entidad le ha incumplido.“Me amputaron la pierna por el accidente. Yo recibo un salario mínimo, pero necesito el dinero que se le ordenó al Gobierno para seguir sosteniendo a mi familia. Me ha tocado vender cosas en el TransMilenio, trabajar en el campo con la prótesis averiada. Nadie entiende mis problemas”, dijo el exuniformado.El militar en retiro Fredy Mayor perdió el ojo izquierdo cuando cayó a un campo minado en el departamento del Cauca hace diez años. El dinero que espera lo pretende invertir principalmente en su salud, marcada por demoras en el suministro de medicamentos y servicios.“Los pagos están estancados. No hay un pronunciamiento serio. Me siento revictimizado. Con el accidente, uno queda a medias. Uno trata de trabajar, pero no lo reciben en ninguna parte por la discapacidad, ya uno no sirve tanto y no lo emplean por lo mismo”, afirmó la víctima a SEMANA.El abogado Javier Villegas reveló que, solo en su despacho, 500 familiares de víctimas de falsos positivos siguen esperando que el Ministerio de Defensa asuma las responsabilidades que le asignó la Justicia y gire los recursos, cuya cifra supera cientos de millones de pesos.“El Estado, hasta la fecha, no se ha dignado a cumplir con las sentencias judiciales, lo que de por sí es una revictimización grave de las víctimas, ya que se está vulnerando el derecho a una reparación integral y a garantías de no repetición”, dijo el defensor de estos ciudadanos.Él ya acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar sobre el reiterado incumplimiento de esta cartera en el pago de las obligaciones y pidió un pronunciamiento de fondo, como también lo han hecho otros defensores de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, respondió a SEMANA por las alarmas que han encendido los soldados retirados, víctimas de falsos positivos y organizaciones de oficiales pensionados, quienes responsabilizan al Gobierno de demoras y trabas en sus compromisos.Según su testimonio, el ministerio ha asumido el pago de las obligaciones litigiosas de acuerdo con los rubros presupuestales asignados en cada vigencia fiscal. A la fecha, la dependencia tiene disponibles 226.000 millones de pesos para cubrir el 0,3 por ciento de las deudas.“El pasivo de la entidad corresponde a obligaciones no pagadas en vigencias anteriores. Esto es, obligaciones litigiosas, cuyas cuentas de cobro fueron presentadas desde 2019, lo que implica que se tiene una mora acumulada superior a cinco años”, detalló el ministro.Él agregó que el valor que se requiere para pagar la deuda actual en sentencias y conciliaciones, a cargo del Ministerio de Hacienda, asciende a un estimado de 6.601.965.109.234 pesos.Tal como se le ha indicado a juzgados y abogados, el general (r) Pedro Sánchez reiteró la razón de las demoras en el cumplimiento y ejecución de los cientos de sentencias: “La poca capacidad de pago que se tiene corresponde a la gran limitación presupuestal del Gobierno nacional”.Estas deudas se están multiplicando a raíz de los intereses corrientes y moratorios que cada día van pasando factura al ministerio. Por ejemplo, una sentencia que se emitió por 80 millones de pesos ya escaló a 110 millones, generando un hueco importante en las finanzas del Estado.SEMANA conoció que la Contraloría General de la República tiene la lupa sobre este tema.Preocupante negocioEl abogado Elber Delgado, quien asumió la representación de varios militares en retiro que batallan por recibir el dinero del ministerio, denunció que las demoras están generando una decadencia entre las víctimas y llevándolas a cometer presuntas inconsistencias por el desespero.“En Colombia se están vendiendo las sentencias que debe el ministerio. ¿Cómo así? Empresas inescrupulosas se aprovechan de las circunstancias y ofrecen dinero, cualquier peso, para que los militares y las víctimas les entreguen poderes y ellos se queden con la plata una vez llegue”, relató el jurista.En uno de los casos conocidos por su despacho se advirtió que, por lo menos, se les está entregando a los soldados en retiro, afectados por minas u otros accidentes en servicio, cerca de 40 millones de pesos a cambio de cederles los jugosos fallos que superarían el doble.“En pocas palabras, se están aprovechando de las necesidades de los uniformados que requieren esa plata para subsistir. Es un problema conocido y que se ha informado oportunamente. No solo es esto, también es el problemático detrimento patrimonial en el que está cayendo el Estado y, específicamente, el ministerio”, relató el abogado.La Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión de las Fuerzas Militares también mostró preocupación por esta denuncia y se despachó contra el Gobierno Petro por las supuestas promesas incumplidas y el aparente irrespeto a la norma.“La espera y esperanza de las víctimas han sido violentadas por el Gobierno del cambio. El Gobierno debe amparar a nuestros soldados de la patria. El desconcierto y desamparo por parte del Estado hacia los exmilitares es evidente”, dijo la asociación.Las mismas críticas presentó el abogado Daniel Fernando Escobar, que defiende los intereses de varios militares en retiro: “La falta de pago de asignaciones de retiro afecta directamente la estabilidad financiera de los soldados y policías retirados, quienes dependen de estas prestaciones para su subsistencia”.El Ministerio de Defensa confía en reorganizar sus finanzas con el presupuesto proyectado por el Gobierno Petro para 2026, que pretende ser apalancado, en parte, con una reforma tributaria que no goza de ambiente en el Congreso.
Section
Medio
Escrito por