En el despacho del presidente Gustavo Petro sigue la ley que fue aprobada por el Senado y la Cámara que restringe las encuestas, les cambia la regla de juego, les hace nuevas exigencias y las limita a la hora de publicar algunos de sus resultados.Uno de los temas más polémicos es que las empresas encuestadoras podrán medir el termómetro político solo hasta tres meses antes de la inscripción de sus candidatos presidenciales. Es decir, si el presidente Gustavo Petro sanciona la ley la semana entrante, las encuestas en las que se pregunte por quién quiere votar a la Presidencia quedarán prohibidas hasta la última semana de octubre porque la inscripción empieza el 31 de diciembre de 2026.La ley tiene varias restricciones que tiene molestas a las firmas encuestadoras reconocidas de Colombia porque no fueron avisadas del trámite de la iniciativa en el Congreso y tan pronto Gustavo Petro sancione la ley se limitará el número de encuestas adportas de las elecciones presidenciales del 2026.César Caballero, director de Cifras & Conceptos recordó que desde 2010 él ha sostenido que es necesario modernizar la regulación sobre las encuestas. “Pero el radicalismo ideológico aplicado sobre un instrumento técnico puede ser mal consejero. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, el resultado será menos encuestas públicas ciudadania con menos información. Una mayor ventaja para los candidatos con dinero, que seguirán contratando encuestas”, afirmó.La molestia circula por todos lados.El abogado Víctor Muñoz, el cofundador de la encuestadora Guarumo, le explicó a SEMANA que, tras conocida la ley, “estamos evaluando con los asesores jurídicos cuál debería ser el proceder”.Una vez se sancione la ley por parte del presidente Gustavo Petro “entrará en vigencia y debe ser aplicada. Lo primero sera pedir claridad al Consejo Nacional Electoral sobre varias de las zonas grises que trae la ley”.Una de las posibilidades es demandar la ley ante la Corte Constitucional, le anticipó Muñoz a SEMANA. No obstante, el tema se definirá esta semana. La nueva ley busca más transparencia en la publicación de encuestas y pretende que cada vez que se publiquen los resultados de una medición, la firma le entregue al Consejo Nacional Electoral todos los soportes, estadísticas, análisis, números marcados, grabaciones telefónicas y formulaciones con preguntas y respuestas. Cada empresa tendrá que adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados.También impone requisitos sobre el tamaño de ciudad de origen de las personas que participan en las encuestas. En adelante, de forma obligatoria, se tendrán que encuestar en todos los municipios de Colombia con más de 800.000 habitantes, según las estadísticas del Dane.Aunque el Consejo Nacional Electoral tendrá más herramientas para investigar a las firmas encuestadoras que no entreguen, SEMANA habló con varios abogados de ese tribunal y coinciden en que pudo existir una extralimitación por parte del Congreso porque se le está restringiendo la información al ciudadano colombiano y ahí la Corte Constitucional puede atravesarse.Otra discusión jurídica que se abre es si la ley debió tramitarse de forma ordinaria- como se hizo- o estatutaria.“Hay una evidente contravención a principios básicos de intervención estatal indebida en sectores económicos, hay temas de la ley de tratamiento de datos que se vulneran, exige que las encuestadoras entreguen al CNE las bases de datos y números de teléfono en los casos de encuestas telefónicas. Les faltó poco para que pidieran los puntos GPS o ubicación de las viviendas cuando las mediciones se hacen cara a cara”, le explicó a SEMANA Andrés Perdomo, gerente de nuevos negocios del Centro Nacional de Consultoría.
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