Una compleja disputa por una herencia valorada en más de 800 mil millones de pesos ha desencadenado un proceso judicial que, tras casi una década de presuntos retrasos, omisiones y denuncias de irregularidades, llegará a un punto decisivo el próximo 2 de mayo de 2025 con la celebración de una audiencia de imputación de cargos contra algunos de los presuntos responsables.El caso, que data de abril de 2016, ha sido promovido por Luisa Jacqueline Patiño, su hijo Fabián Melo Patiño, Richard Bryan Melo Patiño, Cruz Stella Melo Duque y Santiago Melo Villa, quienes se consideran víctimas de una serie de maniobras presuntamente ilegales que habrían impedido la restitución de un cuantioso patrimonio familiar. La denuncia fue interpuesta formalmente ante la Fiscalía General de la Nación contra Mabel Melo Quijano, Martha Elena Melo Quijano, Deanna Karen Melo Quijano, Norman Milciades Melo Quijano (Milcio) y Nelson Alexander Melo Rueda, todos residentes del municipio de Cota, Cundinamarca.Los denunciantes aseguran haber presentado abundante material probatorio, incluyendo documentos, testimonios y evidencia sobre el ocultamiento y desvío de bienes, sin que hasta la fecha se hayan adoptado decisiones efectivas por parte del ente acusador. A lo largo del proceso, han denunciado múltiples irregularidades procesales, entre ellas la omisión de medidas cautelares solicitadas desde 2017 para proteger activos en riesgo de despojo, así como la existencia de constancias fiscales desde 2016 que advertían sobre posibles delitos como fraude procesal, falsedad en documento público y administración desleal.Pese a estas advertencias, afirman que no se tomaron acciones inmediatas ni se garantizó la celeridad procesal. Por el contrario, se reportaron intentos irregulares de archivar el caso sin un análisis profundo del material entregado, y se identificaron dilaciones prolongadas en la realización de entrevistas y peritajes clave, lo que, a juicio de los denunciantes, ha comprometido gravemente el esclarecimiento de los hechos.“La cadena de omisiones y demoras no solo ha vulnerado el derecho de nuestra familia al patrimonio, sino que también representa una grave afrenta al debido proceso, la verdad y la justicia”, señalaron los afectados, quienes insisten en que la Fiscalía ha incurrido en omisiones graves que han favorecido la impunidad.Con la audiencia de imputación de cargos fijada para el 2 de mayo, las víctimas ven en este acto procesal una posibilidad crucial para que la “Fiscalía actúe con la diligencia, transparencia y contundencia que el caso amerita”. El evento se perfila como un momento decisivo tras casi nueve años de un proceso que, según los afectados, ha estado marcado por la inacción institucional.“La audiencia del 2 de mayo representa una oportunidad histórica para demostrar que la justicia en Colombia puede prevalecer incluso en los procesos más complejos y prolongados”, expresaron los representantes legales de la familia denunciante, quienes confían en que este nuevo paso permita finalmente visibilizar las dimensiones del conflicto y avanzar hacia la recuperación del patrimonio.
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