Las políticas migratorias del Gobierno han generado polémica dentro y fuera del territorio estadounidense, con respecto a la imposición o no de acciones que agilicen la deportación de inmigrantes ilegales.Es así como el estado de Colorado ha promulgado una ley con la que está modificando la forma como se aplican algunas de las políticas de inmigración, de manera local, exigiéndole al Gobierno un preaviso de 21 días antes de deportar a los inmigrantes ilegales.La nueva política de deportación del estado de Colorado en Estados Unidos.Por medio de la nueva normatividad, se impide realizar deportaciones dentro de este estado y, además, se le exige a la administración del presidente Donald Trump notificar con 21 días de antelación cualquier intento de expulsión de personas del país.Con el tiempo, Colorado se ha convertido en uno de los destinos favoritos por los inmigrantes, quienes llegan para abrirse mejores posibilidades de vida.Gracias a las amplias posibilidades de inclusión y a la estabilidad económica que ofrece a quienes llegan, se han asentado familias extranjeras, especialmente en áreas como Denver y Aurora, en donde se ha registrado un notable aumento poblacional.Aunque el argumento de que los migrantes deportados atentan contra la seguridad nacional ha sido utilizado en numerosas ocasiones para justificar estos procedimientos, el estado de Colorado junto con distintas organizaciones están respondiendo con acciones legales que buscan proteger los derechos fundamentales de los inmigrantes que se ven amenazados por las determinaciones de Trump.La nueva ley impide que funcionarios o agencias estatales participen en operativos migratorios sin una orden judicial válida. También restringe el uso de recursos públicos para realizar arrestos vinculados a políticas federales de inmigración. Entre sus cláusulas, se establece de manera explícita que ninguna autoridad estatal podrá colaborar en traslados o detenciones con fines de deportación.Esta norma hace parte de una medida cautelar emitida por una jueza federal en Denver, a través de la cual se dice que el Presidente recurrió de forma indebida a la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1978. La jueza federal, que suspendió temporalmente las deportaciones en Colorado, señaló que no existen fundamentos suficientes para aplicar dicha ley en casos que afectan a residentes pacíficos.Un tiempo para actuar ante los operativos de inmigraciónUno de los artículos más innovadores de la normativa es la exigencia de un aviso formal con 21 días de antelación antes de cualquier operativo migratorio. Gracias a esto, las personas afectadas podrán acceder a una asistencia legal y preparar una respuesta adecuada.De ser implementada esta norma, se evitarán los abusos por parte de las autoridades al ingresar a los domicilios sin órdenes claras, lo que ha generado una serie de denuncias por detención arbitraria.Organizaciones sociales aplaudieron la medida, considerándola una herramienta crucial para frenar abusos. El plazo de 21 días permite verificar datos, activar redes de apoyo y asegurar que se respete el debido proceso en cada caso.
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