Diego Bonilla

Aunque el cálculo exacto de cuánto costará la consulta popular que quiere impulsar el Gobierno Petro por el hundimiento de la reforma laboral, las estimaciones indican que serían unos 800 mil millones de pesos que se gastarían en toda la logística para dicho mecanismo de participación.Como los costos son tan elevados, en el Partido Liberal se pusieron de acuerdo para rescatar dos de los puntos más importantes de esa iniciativa que se hundió: los recargos nocturnos del 100% y que la jornada nocturna sea desde las 7:00 de la noche.

Aunque la exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue alertada de un posible plan para secuestrarla el pasado jueves, 20 de marzo, tal y como lo reveló SEMANA, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado este miércoles, 2 de abril, donde negó esa versión.“Los hechos que se dan a conocer en algunos medios de comunicación corresponden a una diligencia de remisión o traslado que solicitó el Inpec, el pasado 19 de marzo, para el traslado de Ortiz y otros privados de la libertad al búnker de la Fiscalía”, detalló.Agregó la Policía que: “El 20 de marzo, la Policía Metropolitana dispuso

Este miércoles, 2 de abril, se conoció una decisión que tuvieron que tomar las directivas de Colsubsidio por la crisis que hay en el sistema de salud.

SEMANA conoció un concepto de Función Pública que fue enviado a Yesid Barragán, presidente del sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el que se afirma que Augusto Rodríguez tendría que salir de la dirección de esa entidad.En el documento enviado por Función Pública se asegura que “la persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio”.Además, se afirma: “En conclusión, dando respuesta a sus interrogantes, a los directores de unidades administrativas especiales les aplica la edad de retiro forzoso de 70 año

Fasecolda publicó los índices de gestión de 2025 y Previsora Seguros apareció en el primer lugar por las primas emitidas por parte de las compañías de seguros generales. Según el informe la compañía cerró ventas por $542.272 millones de pesos lo que representa un crecimiento del 18.1 por ciento. Según Ramón Angarita, presidente de Previsora, la entidad alcanzó utilidades de $38.600 millones con un crecimiento del 43.9% comparado con febrero 2024.

El senador del Centro Democrático no ocultó su molestia por una intervención de la congresista de Comunes Sandra Ramírez, quien en la plenaria de este miércoles, 2 de abril, habló sobre cómo se debe proteger a los niños en Colombia.Aunque Uribe no la mencionó en su respuesta, claramente estaba hablando de Ramírez, quien ha sido acusada de ser responsable de violencia sexual cuando integraba las Farc-EP.“Yo no voy a permitir que vengan a reescribir la historia y que los victimarios posen de víctimas. Que no se equivoquen los congresistas de las FARC y sus aliados.

Este lunes 1.° de abril se conoció una petición formal para que se revoque la elección de los delegados de los alcaldes ante la junta directiva de los Ocad Paz, por las presuntas irregularidades que se presentaron el día de la votación. Además, se pidió un acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación, ya que, en el momento del escrutinio, los funcionarios se llevaron una gran sorpresa: aparecieron 172 votos y descubrieron más irregularidades.Se constató que dos mandatarios locales no participaron en la elección y que cinco de ellos duplicaron el poder.

El excandidato a la Alcaldía de Sincelejo, Jhon Jairo Turizo Hernández, acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a los congresistas de diferentes partidos políticos que estuvieron en la CIDH presentando quejas y solicitando medidas cautelares por la arremetida del presidente Gustavo Petro contra el Legislativo.El abogado cercano al petrismo, según sus publicaciones en redes sociales, presentó la acción penal en contra de Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Honorio Henríquez, Juan Carlos Garcés, Nicolás Echeverry, Carlos Abraham Jiménez, Lorena Ríos, Katherine Miranda y Berenice

Este martes, 1 de abril, se radicó en el Consejo de Estado una solicitud para que se abra un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus afirmaciones contra la oposición.El documento fue radicado en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas para que se revise todo lo actuado desde que se interpuso una acción de tutela por parte del activista del Centro Democrático, Josías Fiesco.“Abrir definitivamente el incidente de desacato por la clara renuencia dolosa del accionado a cumplir el fallo de tutela.