Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la imputación de cargos contra cuatro generales en retiro por 442 casos de falsos positivos que se presentaron en el departamento de Antioquia durante los años 2004 y 2007, pero también se dejó en claro un tema relacionado a la política de seguridad de esa década.La magistrada Catalina Díaz aseguró que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política de la seguridad democrática liderada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.Por esa razón, en el Centro Democrático celebraron esa postura de la JEP y señalaron que