Aurelio Suárez Montoya

Parcelar el Estado a los politiqueros es una prueba más de que no hay cambio o que el cambio es en reversa. Petro le entregó el ICA a Carlos Amaya, Findeter a unas parlamentarias y el sector TIC al Partido de la U, en cabeza de Mauricio Lizcano. Los $29.660 millones que Lizcano gastó en autobombo fueron la cuota inicial para su campaña electoral promovida en las redes sociales.

Es evidente que la política energética de Petro acabará con Ecopetrol. Un ecodelirio muy conectado además con las políticas económicas dictadas por el FMI. Ricardo Roa oculta esa conexión cuando presenta los resultados de 2024 (“ecoembuste”, lo llama Francisco Lloreda). Omitió, entre varias, la disminución del consumo nacional de gasolina, un daño más de los cometidos en 30 meses. La venta de gasolina en Colombia, con la de diésel, es fuente principal de ganancias e ingresos de Ecopetrol en los últimos años.

Hace dos años, el 19 de marzo de 2023, docentes del Quindío, coordinados por el profesor Dimas Andrés Arias, le hicieron un llamado de alerta a Fecode sobre el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo. Este “creaba una nueva entidad para administrar los recursos del Fomag”. A pesar de que el artículo se cayó en el Congreso, sembró la incertidumbre sobre los recursos para la salud, las pensiones y las cesantías.

El olor a corruptela apesta en el ICA. Son muchos matices. Es relevante la toma de ese instituto por el grupo político del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, la cabeza más visible del Partido Verde de Carlos Ramón González. Un mapa de poder de esa entidad los relaciona a él y a Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, con los principales ejecutivos de esa institución. Petro se la entregó, como parcela, a quienes posan de ser “alternativos”, palabreja que disfraza las politiquerías de nuevo tipo.

Jazmín Romero Epiayú es un símbolo de los muchos damnificados por la crítica situación de inseguridad reinante en toda Colombia.

Es fácil entender el significado de que en la posesión de Donald Trump estuvieran a sus espaldas –y muy cerca– los magnates de las empresas de mayor valor en el mercado bursátil, que dominan el sector de la tecnología, cinco big techs que suman casi 11 billones de dólares (millones de millones) a febrero de 2025, 32 veces el PIB de Colombia.En primer lugar, el más rico del planeta, Elon Musk, de Tesla y SpaceX; también Mark Zuckerberg, de Meta y Facebook; Jeff Bezos, de Amazon, ahora estrecho socio del Gobierno; Sundar Pichai, director ejecutivo de Google (Alphabet Inc.), y el cofundador Se

El presidente del “cambio” afirmó en 2018, y ratificó en el 2022, con tono solemne y en tercera persona: “Si Petro es presidente la reforma laboral del presidente Uribe se deroga (sic)”. Tan pronto se posesionó, cambió la promesa de un Estatuto del Trabajo por una ley ordinaria de reforma laboral, con las recomendaciones de la Ocde y las requisitorias del capítulo 17 del TLC con Estados Unidos incluidas, como lo afirma la congresista ponente, Ma. Fernanda Carrascal.

En mayo de 2022, 15 días antes de la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro le dijo al periódico El Tiempo que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a disminuir el déficit. Explicó que por eso el Fondo, en una carta poco conocida, afirmó que “no tenemos temores de los candidatos”. Sacó pecho: “Me incluye a mí”. Petro ha cumplido con rigor la promesa hecha al FMI. Las monitorias de esa institución en 2023 y 2024 resaltan la aplicación de políticas económicas “históricas”.¿A qué precio?

Felipe Harman, director de la ANT, se ha dedicado al autobombo, pregonando, en cuanto medio o portal hay, que “la ANT le pone el acelerador a la reforma agraria”.Los estados financieros de la Agencia no dicen lo mismo, por lo menos hasta septiembre de 2024. En un periodo de dos años, el incremento del patrimonio, de los “otros activos” y de los inventarios, que son los rubros que acumulan el valor de los predios adquiridos por esa agencia, permite inferir que, por las cifras mostradas, no se han entregado a los posibles beneficiarios.

Con el tema de la salud, el Gobierno de Petro reafirma el cumplimiento de la ley de Murphy: “Lo que pueda ir mal, irá mal”.Aunque la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social, amplió al 95 por ciento la cobertura del aseguramiento, el acceso real en miles de casos se obstaculizó.