Camilo Galvis

El comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, confirmó la muerte de 11 disidentes de las Farc en zona apartada de Puerto Guzmán, Putumayo, en donde se enfrentaron hombres de alias Calarcá y alias Walter Mendoza.Sobre dichas confrontaciones dijo el alto mando militar que: “se han venido presentando unos eventos de enfrentamiento, especialmente de estructuras del frente Raúl Reyes, pertenecientes a Calarcá y digamos que ahí con Comandos de Frontera”.

En el departamento del Caquetá, Huila y Putumayo, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército, general, Emilio Cardozo, ofrecieron excusas públicas por varios casos de falsos positivos cometidos por uniformados.Los crímenes contra personas que no tenían nada que ver con la guerra contra los grupos criminales y el Estado se cometieron entre el 2004 y 2008.

Ingeniería rustica, así se pueden describir los narcosubmarinos o semisumergibles que mandan construir los mafiosos de gran cálao para enviar toneladas de cocaína hacía el exterior. Estas embarcaciones son básica pero efectivas en la mayoría de los casos.Algunas de estas embarcaciones pasan desapercibidas por las autoridades marítimas. De acuerdo con estadísticas de la Armada Nacional, en promedio se decomisan por años seis narcosubmarinos.

Un juez penal militar envió a prisión a un subteniente y dos suboficiales, quienes tenían responsabilidad de mando en la unidad Buitre 2, que fue atacada el pasado 21 de noviembre en zona rural de Anorí, en el departamento de Antioquia, por la guerrilla del ELN.Al revisar los procedimientos de la Fiscalía Penal Militar, se evidenció que los militares que tenían la responsabilidad de mando de la unidad, al parecer, cometieron errores tácticos que le facilitaron al ELN la emboscada que dejó cinco muertos y tres heridos.La Fiscalía Penal Militar indicó que los uniformados al mando de la unidad

En el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca, se dio la captura en las últimas horas de un mayor activo del Ejército. La investigación arrojó que el uniformado, presuntamente, se aprovechaba de su cargo para exigirle a sus subalternos dinero, para otorgarles permisos.Según la investigación de la Fiscalía Penal Militar, el mayor cobraba sumas que iban desde 500.000 hasta un millón de pesos.

“Durante el segundo semestre de 2023, (el mayor) presionó a la (cabo) C3 Rey, quien estaba en estado de embarazo, para que comprara dos radiadores para vehículos NPR a cambio de permisos extendidos. Aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, la suboficial realizó dos consignaciones de $ 600.000 cada una, totalizando $ 1.200.000. Estas acciones están documentadas con declaraciones y extractos bancarios”.