Juan Manuel Charry Urueña

Recientemente, el presidente Gustavo Petro dejó un largo mensaje en su cuenta de la red social X, en el que —entre otras cosas— dijo:“Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos”. “Tienen a la fiscal fregada con su puesto, en el Consejo de Estado, lo han demandado, cosa rara, en la sección que siempre falla en mi contra…”.

El presidente y su ministro de Justicia y del Derecho han sostenido, por un lado, que si no se aprueba la reforma laboral en los términos del Gobierno, se convocará la consulta popular nacional y, por el otro, que si no se aprueba tal consulta, se convocará una asamblea constituyente.El argumento de fondo es la existencia de un bloqueo institucional que impide realizar las reformas sociales que el pueblo reclama y se encuentran previstas en el programa de Gobierno.La consulta popular nacional requiere de concepto previo favorable del Senado, el cual no se ha obtenido.

Las guerras han evolucionado en el contexto de las dinámicas globales contemporáneas. Los cambios tecnológicos y económicos no solo han moldeado nuevas formas de conflicto, sino que se han consolidado como espacios bélicos en sí mismos cada vez más relevantes. Sin embargo, el cambio no se manifiesta solo en las nuevas escalas y dimensiones de la guerra, sino en cómo estas dimensiones interactúan entre sí.

Las pasadas elecciones presidenciales en Colombia marcaron un hito técnico: un sistema ágil con resultados preliminares en 70 minutos, verificación biométrica masiva y observación internacional elogiada por la OEA. Sin embargo, tras estas cifras impecables se esconde una grieta profunda consistente en el 55% de abstencionismo que revela un divorcio entre la perfección procedural y la conexión con el ciudadano de a pie.

En el marco del Estado de derecho, la relación entre el Gobierno y las altas cortes en el esquema de separación de poderes y colaboración armónica es fundamental para garantizar la democracia, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Según un estudio de la Universidad Sergio Arboleda (2014), desde 1782 hasta la fecha se habrían concedido cerca de 63 indultos y 25 amnistías, reiteradamente autorizadas en nuestras constituciones para descriminalizar el delito o perdonar la pena.No existen registros confiables sobre el número de víctimas desde épocas tan remotas y hay discusión sobre los existentes.