Felipe Morales Mogollón

El exministro de Comercio Exterior y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes desembarcó en el Gobierno Petro como un funcionario técnico, sin experiencia en el manejo de movidas políticas y menos en el relacionamiento con los congresistas. Sin embargo, sabía que se enfrentaba a una leonera y debía ir con cuidado. Por eso, buscó blindarse.

Los guardias del Inpec que se torcieron y montaron su propio negocio para, a cambio de dinero, ingresar todo tipo de mercancía que pagaban los reclusos de la cárcel La Picota, no quieren ir a la cárcel, el lugar que fue por años su sitio de trabajo. El motivo: al ser capturados, decidieron confesar a cambio de beneficios, pero temen que al regresar a prisión sus vidas corran riesgo.Se trata de 11 miembros de la guardia del Inpec y familiares que coordinaban los negocios ilegales, pero fueron descubiertos.

Se siguen moviendo los predios y la fortuna que fueron adquiridos por los narcotraficantes del poderoso y ya extinto cartel de Cali. Uno de los lugartenientes más importantes del esta organización, Hélmer Francisco Herrera, más conocido como Pacho Herrera, había adquirido más de 130 lotes que se mantenían en poder de un testaferro, pero fueron encontrados por la Fiscalía.Dichos bienes, avaluados en 90.000 millones de pesos, estuvieron amparados en un fideicomiso para evitar ser detectados.

El nombramiento del exdiplomático Armando Benedetti en el corazón del gobierno del presidente Gustavo Petro como ministro de Interior también genera cambios en algunos de los procesos que se llevan ante la justicia, pues como ministro es acusado ante la Corte Suprema por un fiscal delegado ante el alto tribunal.Según se conoció este viernes en la Fiscalía, en la misma Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte se tomó la decisión de designar algunos de los casos al mismo investigador, para que exista unidad de materia y que sea llevado por un grupo de tareas especiales.Los casos que estarí

Han pasado casi dos años desde que explotó el escándalo de los seguimientos, chuzadas y la práctica arbitraria de una prueba de poligrafía a Marelbys Meza, exniñera de la actual canciller, Laura Sarabia. A Meza la persiguieron usando el aparato de seguridad del Estado por la supuesta pérdida de un dinero, del cual aún no se conoce el monto, que habría sacado de una maleta en la casa de Sarabia.Los policías involucrados ya fueron condenados y otros están negociando con la Fiscalía.

En medio del gigantesco escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tiene respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia, entre otros, a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, llegaron al alto tribunal las explicaciones del presidente de la república, Gustavo Petro, quien contestó por escrito, mediante una “certificación jurada”, las dudas sobre este caso.En un duro cuestionario, la Corte Suprema le preguntó directamente a Petro por sus más cercanos alfiles en ese momento: los ahora exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla,

Una serie de actos irresponsables que comprometen a la secretaria de Educación del departamento de Córdoba, Jennys Yances, y a su hijo Rubén Darío Marín Yances, terminaron en tragedia. Una joven estudiante de psicología casi pierde la vida y está a punto de quedar sin visión en un ojo.

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) evolucionó de un caso de corrupción relacionado con un contrato amañado y plagado de irregularidades en la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, a una compleja trama judicial que involucra a 11 congresistas, altos funcionarios del Gobierno y contratistas de la entidad.

Un escándalo que marca mayor estaría pasando de agache. Se trata de un caso que involucra a menores de edad en posible riesgo de maltrato e incluso abuso sexual; a una altísima funcionaria de la ONU en América Latina, que habría falsificado un fallo de acción de tutela que le prohibía sacar a su hijo de país; a funcionarios de Migración que no cumplieron con su deber de verificar documentos; a la familia del padre del menor, que la acusan de un intento de secuestro y de “custodia arbitraria”; y al papá, en la cárcel con pedido de extradición por una denuncia de la representante de la ONU.

Tal como señaló el acuerdo de paz y aunque no haya una reparación de fondo, quienes confiesen la verdad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto serán beneficiados con la cesación de la acción penal en su contra. Incluso si se trata del asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combate; lo que se ha conocido como falsos positivos.Esto acaba de ocurrir con 11 militares, adscritos al Batallón La Popa, uno de los lugares donde más se presentaron casos de falsos positivos.