Sofy Casas

De acuerdo con la denuncia que hice el pasado 3 de julio en mi cuenta de X, la obsesión de Gustavo Petro con Thomas Greg & Sons no tiene que ver con los pasaportes. Eso es apenas la excusa. El objetivo de fondo es más peligroso: capturar la Registraduría Nacional, deslegitimar el sistema electoral y dejar el camino libre para mantenerse en el poder sin pasar por las urnas.Thomas Greg & Sons no es cualquier empresa. Produce todo lo que hace posible una elección tarjetas electorales, certificados, formularios, sellos de seguridad. Sin eso, simplemente no se puede votar.

Esta vez no es diferente. Mientras el país exige respuestas sobre una posible reunión entre el presidente Petro, personajes del correísmo y el criminal alias Fito en Manta, Ecuador, apenas dos semanas antes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el gobierno y sus bodegueros digitales activan su maquinaria de manipulación.Desempolvan un viejo audio del excanciller Álvaro Leyva y lo entregan, como pieza de propaganda, al medio más alineado con el oficialismo español, El País. Todo fríamente calculado.No es casual que aparezca justo ahora.

Los secretos del “tarimazo” de Gustavo Petro en Medellín, revelados por SEMANA, dejaron al descubierto una de las maniobras más escalofriantes del actual gobierno. El presidente compartió tarima con los jefes de las estructuras criminales más temidas del Valle de Aburrá.

Eduardo Montealegre lo dijo sin rodeos. En las elecciones de marzo meterán la papeleta para que “el pueblo vote” por una Asamblea Nacional Constituyente. No será producto del consenso ni de los procedimientos legales previstos en la Constitución del 91. Lo que están anunciando es un golpe de Estado con disfraz democrático.Pretenden imponer una constituyente sin pasar por el Congreso, sin el control de la Corte Constitucional y sin respetar el ordenamiento jurídico vigente.

Todo comenzó en 1993. La casa estaba llena de adolescentes, música y voces que se cruzaban entre risas. Era el cumpleaños número 17 de mi hermana, y como parte de los invitados, llegaron sus compañeros del colegio. Entre ellos, él… y su mejor amigo. Teníamos 15 años. Nada extraordinario marcó ese primer encuentro, salvo la certeza silenciosa de que algo acababa de empezar.Desde esa noche fuimos inseparables. No solo éramos novios; éramos parceros, cómplices de todo lo que implicaba tener quince años y sentir que el mundo nos pertenecía.

El atentado contra Miguel Uribe no fue un hecho aislado. Fuentes cercanas a la investigación advierten sobre algo mucho más grave: una estrategia en marcha para desviar la atención de los verdaderos responsables. Se estaría construyendo —presuntamente con apoyo del G2 cubano— un relato fabricado que apunta a una supuesta “mafia extranjera” con base en Miami o Dubai. Una versión conveniente que encaja perfectamente con la narrativa oficial que insiste en culpar a una “extrema derecha internacional” por los hechos recientes.

No es una exageración. No es retórica. Es la realidad. Petro está entregando Colombia a China. No como socio, ni siquiera como aliado estratégico, sino como dueño. Como amo. Como patrón silencioso de un país que camina hacia el sometimiento. Lo que ya ocurrió en Venezuela está a punto de repetirse en nuestro país, con el mismo libreto, los mismos actores y la misma tragedia.

La consulta popular que planea Gustavo Petro no es otra cosa que un intento descarado de atornillarse en el poder. No estamos ante un proceso democrático genuino ni ante una iniciativa que busque verdaderamente escuchar al pueblo. Lo que Petro está orquestando es una jugada maestra para perpetuarse en el poder, utilizando como excusa la “voluntad del pueblo” mientras manipula las instituciones del país.

Dentro del macabro complot que se viene ejecutando en contra del expresidente Álvaro Uribe hubo un capítulo protagonizado, nada más y nada menos, que por la propia Corte Suprema de Justicia y miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

La Comuna 13 de Medellín es un ejemplo de transformación y esperanza para Colombia. Lo que alguna vez fue un territorio controlado por grupos armados ilegales, hoy es un símbolo de la lucha por la paz, la seguridad y el desarrollo. Sin embargo, sectores de la extrema izquierda en manos del petrosantismo, utilizando herramientas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), buscan reescribir la historia para deslegitimar los esfuerzos del Estado y favorecer a quienes, en su momento, sembraron el caos en la zona.