Camilo Prieto Valderrama

El Banco Mundial acaba de dar luz verde a la financiación de proyectos nucleares, marcando un cambio tectónico en las reglas globales de la inversión energética. Tras seis décadas sin financiar esta tecnología, el banco liderado por Ajay Banga firmó una alianza con el Organismo Internacional de Energía Atómica para apoyar tanto la extensión de la vida útil de reactores existentes como el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) en economías emergentes.

Los recientes bombardeos de Israel sobre instalaciones nucleares en Irán han marcado una nueva fase en la tensión regional, agravando un conflicto que desde hace años oscila entre la diplomacia fallida y las acciones encubiertas.

Pocas veces en Colombia una noticia buena logra irrumpir entre el ruido del pesimismo. Esta semana, sin embargo, ocurrió algo notable: la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la Ley Nuclear, una iniciativa que, lejos de pertenecer a un grupo ideológico o partido político, representa un verdadero proyecto país, nacido del diálogo entre ciencia, política, sociedad civil e instituciones internacionales.No ha sido un camino corto ni sencillo.

El sistema eléctrico colombiano enfrenta un desafío crítico: un déficit potencial para cubrir las obligaciones de energía firme (OEF), equivalentes a una planta térmica de hasta 1.000 MW para el año 2027. Este término, que puede parecer técnico, hace referencia a los compromisos adquiridos por los generadores para garantizar la entrega de energía cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez, asegurando la confiabilidad del sistema. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se presentan fenómenos climáticos adversos.

Colombia cuenta desde 1965 con un reactor nuclear de investigación. Sin embargo, este reactor carece de la capacidad para producir isótopos radiactivos con aplicaciones médicas e industriales, lo que representa una oportunidad perdida para el desarrollo científico, tecnológico y sanitario del país.

En la médula del Caribe, San Andrés Islas enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora: el tubo emisario. Este sistema, diseñado para evacuar aguas residuales al mar, pone en riesgo la salud pública y amenaza el frágil ecosistema marino que atrae a miles de turistas cada año. Es claro que, el tubo emisario no garantiza un tratamiento adecuado de las aguas vertidas, perpetuando una solución insuficiente a un problema que se origina tierra adentro. Gran parte de los desechos, incluyendo químicos y patógenos, terminan en el mar sin ser tratados.