El gobierno de Antioquia, de manera inconsulta y pese a que la Asamblea Departamental había rechazado inicialmente la propuesta por considerarla inconveniente, ha vuelto a presentar el Proyecto de Ordenanza 59. Este proyecto busca imponer una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, sin evaluar adecuadamente las consecuencias económicas que podría generar para los ciudadanos del departamento.La sobretasa estaría calculada con base en el consumo de kilovatios hora (kWh) de energía y se cobraría a través de las facturas de servicios públicos emitidas por EPM.