Damián Esteban Landínez Cañón

En las últimas horas, llegó al Consejo de Estado una tutela contra el presidente Gustavo Petro por la alarmante desfinanciación que atraviesan el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y el Comando General de las Fuerzas Militares, una situación que fue revelada en la última portada de SEMANA.Los abogados Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella, quienes crearon el movimiento Defensores de la Patria, radicaron el recurso contra el jefe de Estado al considerar que se vulneraron sus derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.La tutela expone que el pasado

SEMANA conoció en primicia la queja disciplinaria que la Red de Defensa Ciudadana le envió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para que suspenda al pastor Alfredo Saade, quien llegó hace poco al Gobierno Petro, por la presunta extralimitación que tuvo en el caso pasaportes.El documento conocido por esta revista señala: “La conducta atribuida al señor Saade Vergel se adecúa de manera típica, antijurídica y culpable a los numerales 1 y 20 del artículo 54 del Código General Disciplinario, constituyendo una falta gravísima dolosa, lo cual justifica la apertura formal de investi

Juan Daniel Mora Herrera, un abogado de la Corporación Defensoría Militar, interpuso una demanda en la cual busca que “se revise el uso del llamado Juicio de Prevalencia Jurisdiccional”.

Las entrevistas que Alfredo Saade, el recién nombrado jefe de despacho del Gobierno Petro, ha dado a varios medios de comunicación sobre el proceso de contratación para la producción de pasaportes en Colombia, hoy se podrían convertir en un obstáculo sobre su permanencia como integrante del gobierno del presidente Gustavo Petro.SEMANA conoció en primicia la queja disciplinaria que hace pocas horas la Red de Defensa Ciudadana radicó en el despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

Una indagación previa abrió la Procuraduría General de la Nación contra un grupo de funcionarios por determinar de la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), por presuntas irregularidades en el manejo de una deuda fiscal por más de 44 mil millones de pesos.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al actual representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La magistrada Gloria María Gómez Montoya, integrante del Consejo de Estado, rechazó una petición que llegó en los últimos días para suspender el acto que eligió a Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación, después de que las autoridades en Guatemala ordenaron su captura.La decisión precisa: “Rechazar las solicitudes de suspensión provisional y la insistencia de la prueba testimonial de la señora Amelia Pérez Parra propuestos por Sthefanny Feney Gallo Herrera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Del despacho del magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, salió la citación para que en los próximos días los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, integrantes del Pacto Histórico, declaren en el proceso que avanza en su contra por la presunta financiación irregular de sus campañas. Una investigación que arrancó después del extenso interrogatorio que rindió Nicolás Petro, el hijo del actual presidente de Colombia, en el proceso que avanza en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El abogado Víctor Mosquera, quien representa los intereses del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, aseguró que un juez de la República halló responsable por omisión al Estado colombiano frente al atentado que sufrió el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.A través de un video conocido por SEMANA, el abogado Mosquera explicó: “En la audiencia del día de ayer (6 de julio) de medida de aseguramiento contra alias El Costeño, un juez de la República, en el resuelve de la decisión, determinó que hay responsabilidad por omi

La aún canciller, Laura Sarabia, confirmó a través de su cuenta de X que un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación, llegó hasta las instalaciones de esa cartera para realizar una visita administrativa, relacionada con la polémica que se ha generado con el contrato para realizar pasaportes en Colombia.La ministra de Relaciones Exteriores informó: “A esta hora, la Procuraduría General de la Nación hace presencia en la Cancillería en el marco de una visita administrativa relacionada con el tema de pasaportes, como parte de la vigilancia preventiva solicitada.