Damián Esteban Landínez Cañón

Dos meses después de que terminara en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia revisará la legalidad de la medida de aseguramiento que pesa en la actualidad contra Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.

En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional halló responsable civilmente a la Diócesis de Pereira por el abuso sexual que sufrió un niño por parte de un cura.El caso vuelve a poner sobre la mesa las escasas medidas que ha tomado la Iglesia católica frente a estos hechos de pederastia. El caso arrancó el 7 de julio de 2011, cuando un juzgado de conocimiento de Pereira condenó a Alfredo, quien era el párroco de la Diócesis de Pereira y profesor un colegio público en esa ciudad, a la pena de siete años de cárcel por el delito de acceso carnal violento en menor de 14 años.

En el sistema de la Corte Constitucional para hacerle seguimiento a los avances de la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional, aparece hasta ahora solo una de las 17 nuevas pruebas que pidió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de esa alta corte, para avanzar en el estudio de dicho recurso.En dicho sistema figura con fecha del 25 de julio de este año: “Remisión constancias, tramité proyecto de Ley 2381 de 2024 - remitido por el Dr.- Raúl Enrique Ávila Hernández - Subsecretario General - Cámara de Representantes - (Constancia - Los documentos a los

La recién llegada canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy ya tiene una investigación disciplinaria que le acaba de abrir la Procuraduría, a causa de las presuntas irregularidades que se dieron en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, por la polémica contratación para elaborar pasaportes en Colombia.

Horas más tarde de que la justicia declarara culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, las cabezas del Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación, le pidieron calma al país en medio de la polarización que se ha dado por ese proceso.El mensaje se dio en medio del encuentro que sostuvo el procurador Gregorio Eljach con el presidente del Senado, Lidio García, y el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, para tratar temas clave del próximo periodo legislativo.El procurador Gregorio Eljach se pronunc

El representante a la Cámara, Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), protagonizó un particular episodio por estos días, después de que le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ampliar su indagatoria por la investigación que tiene frente a ese caso.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se sumó a las voces de rechazo frente al atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en el municipio de Popayán, en Cauca.

En un completo limbo se encuentran por lo menos 766 convenios de los 1.037 que firmó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), hace dos años, para supuestamente mejorar la malla vial del campo colombiano.

La juez Sandra Heredia, quien está a cargo del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recibió un mensaje de solidaridad y apoyo de parte de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), en medio de la audiencia que avanza desde las 8:30 a.m. de este lunes 28 de julio.El comunicado de Corjusticia arrancó manifestando: “En representación de funcionarios (as) judiciales de diferentes distritos judiciales del país, expresa su solidaridad y apoyo a la Dra.

Con una inversión total de 8 billones de pesos para el mejoramiento de por los menos 33.000 kilómetros de vías terciarias y comunitarias, el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha en 2023 el ambicioso programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, con el que pretendía mejorar la malla vial en las zonas rurales de Colombia.La iniciativa, cuestionada desde el primer momento, proponía entregar los contratos sin licitación y a dedo a Juntas de Acción Comunal (JAC) para que ellas hicieran las obras, aun cuando no tenían la experiencia ni la experticia.