Damián Esteban Landínez Cañón

La Corte Constitucional le dio un espaldarazo al gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que le dio luz verde al decreto de conmoción interior en el Catatumbo, el cual fue expedido tras la cruenta guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc. La Sala Plena del alto tribunal se reunió desde la mañana de este martes, 29 de abril, para definir el futuro de la medida que tomó Petro, para atender la grave crisis de orden público en el país.

SEMANA conoció en primicia la decisión que tomó el Juzgado 24 de Familia de Bogotá sobre la custodia provisional que, actualmente, tenía el embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, sobre sus dos hijos. El funcionario se habría quedado con los menores en el continente africano por medio de engaños a Beatriz Niño, la madre de los niños. La decisión se conoció después de que esta revista publicó los audios que demostrarían el maltrato y la violencia física a la que el diplomático habría sometido a su expareja.

En medio del escándalo que lo sacude por las revelaciones de SEMANA con la entonces secretaria para las regiones de la Presidencia Sandra Ortiz, el exsecretario jurídico de la Presidencia y ahora magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, tomó una decisión que se convierte en una nueva polémica: rechazó la demanda contra la consulta popular que propuso su exjefe, el presidente Gustavo Petro.

Sorprendidos quedaron los asistentes a la mesa de diálogo que convocó la Procuraduría con cajas de compensación familiar, cuando en medio de esa reunión Gregorio Eljach protagonizó un duro reclamo contra funcionarios de su oficina de comunicaciones. Este fue el duro reclamo del procurador Gregorio Eljach contra su oficina de comunicaciones por falta de difusión de un evento.

SEMANA conoció por fuentes cercanas al proceso que Isabel Albaladejo, la alta funcionaria de la ONU que trató de sacar a su hijo menor de edad del país con papeles falsos, aún no ha sido judicializada por los delitos de falsedad en documento público.La alta funcionaria de las Naciones Unidas para América Latina habría falsificado un fallo de acción de tutela que le prohibía sacar a su hijo del país, para intentar llevarse al menor. Sin embargo, a finales de febrero de este año, al parecer, intentó sacar al niño de Colombia.

12 años de destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos tendrá que pagar el mayor (r) de la Policía Héctor Fabio Murillo Rojas, por los vínculos que tuvo con la estructura criminal el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.La Procuraduría General confirmó a través de su Sala Disciplinaria de Juzgamiento: “Encontró probado y no desvirtuado que el oficial hizo parte de la citada organización criminal que operaba en la zona de Urabá antioqueño”.El ente de control logró probar en la etapa procesal que, el entonces integrante de la Policía Nacional, participó en actos delictivos