Ecopetrol enfrenta varios cuestionamientos tras las revelaciones sobre un contrato firmado con la consultora estadounidense Covington & Burling LLP, por un valor de hasta USD 5'875.000, para analizar la reputación del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
Según un informe interno de la compañía, la Junta Directiva autorizó un "estudio" sobre los riesgos reputacionales asociados a las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa, pero la solicitud de acceso a sus dispositivos electrónicos generó controversia dentro de la empresa.
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Durante una reunión del Comité de Auditoría, los integrantes de la Junta manifestaron que "no conocen el contenido de la comunicación enviada por Covington al presidente de Ecopetrol" y expresaron su preocupación porque el contrato aprobado inicialmente contemplaba un 'estudio' y no una 'investigación'.
Para algunos directores, la solicitud de revisión de los dispositivos electrónicos del presidente fue "desmedida y desproporcionada", lo que provocó debates internos sobre el alcance real del contrato.
El Director Corporativo de Cumplimiento (RCU) explicó que la contratación de Covington respondió a la necesidad de realizar un análisis independiente sobre las interacciones de la empresa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en reemplazo de la firma Miller & Chevalier, cuya propuesta resultó más costosa.
Según el informe, "Covington, en atención a su independencia y para evitar limitaciones en su asesoría, activó sus protocolos de investigación para reportes ante la SEC por considerar que es indispensable que Ecopetrol cuente con toda la información y documentación necesaria".
Sin embargo, la Junta Directiva suspendió las actividades derivadas del contrato en febrero de 2025 y solicitó auditorías para evaluar la pertinencia de las decisiones tomadas.
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Además de la controversia sobre el contrato, el informe interno de auditoría reveló presuntas irregularidades protagonizadas por el vicepresidente de Compliance, Alberto José Vergara, incluyendo acusaciones de "abuso de autoridad, acoso laboral y acoso sexual".
También se registró que habría hecho más de 20 despidos injustificados dentro de su propio equipo, debilitando así la capacidad de investigación de la oficina dedicada a hacer seguimiento al cumplimiento de las normas éticas y legales que enmarcan el funcionamiento de Ecopetrol.