Al tiempo que Puerto Antioquia avanza a toda máquina para concluir sus obras finales y recibir su primer barco este año, el megaproyecto ha estado en el centro de varias tensiones políticas.
La más reciente fue protagonizada por el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes entablaron un cruce de declaraciones sobre la situación ambiental del proyecto.
Mientras el presidente Petro le exigió al gobernador garantizar que se cumplieran “todos los requisitos para el proyecto de Puerto Antioquia de tipo ambiental y social”, este le replicó recordándole que la entidad encargada de vigilar la parte ambiental de la obra hace parte del mismo Gobierno Nacional.
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“La Gobernación no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos. En este caso, esas funciones corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales)”, le respondió Rendón.
En medio de este debate, para muchos se reavivó la inquietud de cómo funcionan los permisos ambientales de ese megaproyecto y cuál es su situación actual.
Una década antes de que se pusiera la primera piedra, la Anla otorgó en favor de Puerto Antioquia, bajo la razón jurídica de sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., una licencia ambiental para la construcción y la operación de dicho terminal, que entonces se planteaba como uno de graneles sólidos y con una capacidad de 2,2 millones de toneladas.
Posteriormente, esa licencia fue ampliada en enero de 2016 a la de un terminal portuario multipropósito, con capacidad para mover alimentos perecederos, graneles sólidos, vehículos automotores, graneles líquidos, entre otros.
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Además de la Anla, el proyecto también tuvo que tramitar un permiso ambiental ante Corpourabá, en este caso no para sus obras principales, sino para la construcción de una línea de transmisión de 5,1 kilómetros entre la subestación de energía Nueva Colonia de EPM y el terminal, que tiene una vigencia de 30 años.
De igual manera, ante esa misma corporación autónoma regional, el proyecto tramitó una licencia para la construcción de una vía entre Nueva Colonia y la variante de Nueva Colonia.
El año pasado, justo cuando el proyecto empezó a entrar en su fase final, fue objeto de dos situaciones tanto con Corporuabá como con la Anla.
La más sonada fue la ocurrida con Corpourabá, que en noviembre de 2024 decidió suspender los términos de su licencia para la línea de transmisión, bajo el argumento de que en un predio cercano al proyecto había una reclamación predial que ponía en duda la validez de las servidumbres que amparaban sus obras.
Esta suspensión fue la que se levantó en febrero de este año y de paso fue el punto de partida de una fuerte controversia política al interior de esa entidad, que subió en intensidad en abril de este año cuando su director encargado, Jorge David Tamayo, aseguró que se habría tratado de una estrategia de un grupo político para torpedear el proyecto.
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Además de dicha decisión en Corporuabá, los trabajos de esa línea pudieron continuarse luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia emitiera el pasado 17 de marzo de 2025 un auto en el que ordenó revocar unas medidas cautelares de un juzgado de Turbo, que ordenaban suspender las obras en medio de esa controversia predial.
Al margen de esa situación, el proyecto también fue objeto de una medida temporal de suspensión sobre su licencia ambiental por parte de la Anla, que aseguró que, tras una visita de campo realizada al sitio de las obras en julio de 2024 y luego en noviembre, había detectado la presunta ejecución de actividades no autorizadas.
Según sostuvo la Anla, en dichas visitas técnicas se habrían detectado tres hechos principales: “zonas de intervención con facilidades temporales por fuera del área licenciada”; “construcción del puente sobre el Río León con intervenciones de su cauce, playas y lecho” y “ocupaciones de cauce, playas y lecho sobre la margen derecha del Río León por construcción del muelle o embarcadero de personal y obras de estabilidad en el área de lanzamiento de pilotes”, razón por la cual ordenó la suspensión de esas actividades.
Tras esa medida, y en un proceso de varios meses, Puerto Antioquia comenzó un proceso con la Anla para acreditar el cumplimiento de esas actividades y pedir el levantamiento de las medidas preventivas.
Luego de un proceso de revisión, la Anla emitió el pasado 17 de febrero de este año una resolución en la que levantó parcialmente dichas medidas preventivas y le permitió al proyecto reanudar los frentes de obra que tenían suspendidos, como la construcción de “oficinas, baños, casinos y almacenamiento de insumos, al patio de acopio de insumos y materiales de construcción, vías, parqueadero de buses, a talleres y bodegas”, así como la construcción del puente sobre el río León.
No obstante, en dicha resolución, la Anla mantuvo las medidas restrictivas sobre las operaciones en el embarcadero de personal y el área de lanzamiento de Pilotes en la margen derecha del Río León, que si bien no han impedido que el proyecto siga avanzando, hacen parte de un proceso que todavía no se subsana.