Investigación
Derrame de crudo en Coveñas, Ruta Nacional 25 y hacinamiento carcelario, las demandas locales más cuantiosas contra la Nación
Sara Valentina Quevedo Delgado
25 de septiembre 2025 , 05:32 p. m.
25 de septiembre 2025 , 05:33 p. m.
Derrame de crudo en Coveñas, Ruta Nacional 25 y hacinamiento carcelario, las demandas locales más cuantiosas contra la Nación
En total, incluyendo los litigios internacionales en los tribunales de arbitramento, están en juego 753 billones de pesos.
Sara Valentina Quevedo Delgado
El país se disputa en tribunales nacionales y de arbitramento internacional 753 billones de pesos. De ese monto, 59,9 billones corresponden a 16 litigios internacionales y 687,9 billones a 327.299 procesos judiciales internos, según el último informe de litigiosidad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Por número de demandas, el 43,4% corresponde a causas laborales. Sin embargo, las mayores cuantías se concentran por fuera de esta jurisdicción, principalmente en los sectores de Hacienda, Defensa Nacional y Minas y Energía.
En el top de procesos judiciales billonarios activos contra la Nación, encabeza la lista una demanda contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el Ministerio de Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Oleoducto Central por daño y amenaza ambiental tras un derrame de crudo en Coveñas.
Un grupo de 1.000 personas —entre pobladores, comerciantes, pescadores y operadores turísticos del golfo de Morrosquillo— busca, por vía legal, ser reparado con 30 billones de pesos por los perjuicios ocasionados por una filtración de petróleo en 2014, que habría ocasionado el cierre preventivo de playas y pérdidas que los demandantes estiman en billones. El proceso está próximo a ser fallado por el Tribunal Administrativo de Sucre.
En segundo lugar, está la demanda por 26,5 billones de pesos contra la Agencia Nacional de Infraestructura, el Invías, el Ministerio de Transporte y al Superintendencia de Transporte, con la que un grupo de ciudadanos pide 26,5 billones de pesos de reparación por el mal estado de la ruta nacional 25 y la ruta nacional 90.
Según la demanda, el tramo comprendido entre Sincelejo y Toluviejo, Sucre, y la vía denominada transversal del Caribe, que va entre Toluviejo y Coveñas hasta el peaje de San Onofre, está tan deteriorada que se volvió intransitable.
En el tercer escalón aparece una llamativa demanda por 25,6 billones de pesos contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por la violación de derechos fundamentales derivada de la crisis de hacinamiento carcelario.
Recientemente, el Consejo de Estado falló a favor de más de 1.000 internos de la cárcel La Paz, en Itagüí, quienes podrán recibir una indemnización de hasta 20 millones de pesos por el daño antijurídico en materia de salud, alimentación, higiene, deporte, trabajo, recreación, intimidad y vida familiar, ocasionado por el sobrecupo del penal.
Otro de los pleitos, por 22,3 billones de pesos, se origina en un cargo por confiabilidad que fue cobrado en la factura de energía a los usuarios de la costa Caribe y que, según la demanda, no cumplió su función, pues no garantizó la prestación del servicio en condiciones críticas.
La acción judicial, además, señala a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), a la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P., al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a Gestión Energética S.A. E.S.P. de no haber hecho uso de este cargo, lo que habría derivado en un enriquecimiento injustificado.
El top cinco lo completa una demanda por 21,5 billones de pesos en contra de Ecopetrol y la Refinería de Cartagena S.A.S por por los sobrecostos en la obra de modernización de Reficar que, según la Contraloría General de la Nación, representaron uno de los detrimentos más cuantiosos de la historia reciente del país.
Demandas internacionales
En los tribunales internacionales de arbitramento, Colombia también se juega indemnizaciones billonarias —equivalentes al presupuesto anual de un ministerio y a la mitad del presupuesto nacional— por supuestos incumplimientos a tratados internacionales de inversión.
La demanda más cuantiosa es la de la cazatesoros norteamericana Sea Search Armada, por 39 billones de pesos, en la que además se pelea la soberanía nacional sobre el patrimonio cultural sumergido del Galeón San José.
Otro de los litigios es el de Telefónica S.A.S., en el que un primer fallo ordenó a Colombia pagarle al operador 2 billones de pesos por concepto de costas, decisión que hoy se encuentra en revisión de anulación por un Tribunal Ad Hoc.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia