Barranquilla
Consejo de Estado declara improcedente tutela del Invías sobre cobro de valorización a los predios de la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad
Camilo Andres Alvarez Peñaloza
22 de agosto 2025 , 03:33 p. m.
22 de agosto 2025 , 03:33 p. m.
Consejo de Estado declara improcedente tutela del Invías sobre cobro de valorización a los predios de la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad
El alto tribunal consideró que la acción constitucional no cumplía con los requisitos de procedencia, pues aún hay recursos judiciales en curso.
Camilo Andres Alvarez Peñaloza
El Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la tutela interpuesta por el Instituto Nacional de Vías (Invías), con la que buscaba reactivar el cobro de valorización en más de 248.000 predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
La decisión se fundamenta en que no se ha agotado la vía judicial ordinaria, pues aún están pendientes por resolver los recursos de reposición y apelación contra la medida cautelar que suspendió el cobro, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
“El desacuerdo del Invías con la medida cautelar no configura un perjuicio irremediable. Aceptar ese razonamiento implicaría que cualquier decisión judicial desfavorable sería suficiente para activar una tutela, lo cual carece de razonabilidad”, señaló la magistrada Myriam Gutiérrez Arguello, ponente del fallo.
El alto tribunal también recordó que los requisitos de procedibilidad de la tutela existen para proteger principios como la independencia judicial, la autonomía funcional y el respeto al juez natural, por lo que no es válido acudir a esta vía constitucional sin haber agotado los mecanismos ordinarios disponibles.
Por ahora, el cobro a predios sigue suspendido.
Cortesía Agencia Nacional de Infraestructura
¿Qué busca Invías con el cobro de valorización?
El Instituto Nacional de Vías sostiene que la Contribución Nacional de Valorización es un mecanismo legal para financiar obras públicas mediante el aporte de los propietarios de predios que se benefician de ellas. En este caso, se trata de una zona de influencia de 96.311 hectáreas que incluye predios en municipios como Barranquilla, Soledad, Cartagena, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Tubará, Piojó, Santa Catalina y Juan de Acosta.
El cobro está relacionado con obras como la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, pero el mismo Gobierno reconoció que la mayoría de los recursos no se invertirían directamente en los departamentos donde se recauda, lo que ha generado inquietud entre ciudadanos y autoridades locales.
Según Invías, el proceso se encuentra en etapa de estructuración técnica, y aún no se han definido los montos ni los predios específicos que serían objeto de cobro. Sin embargo, la sola posibilidad ha encendido las alarmas en la región Caribe.
Celebran los gremios y ciudadanos
La decisión del Consejo de Estado fue recibida con alivio por distintos sectores sociales, empresariales y políticos que venían cuestionando el proceso de cobro de valorización promovido por Invías.
El Invias sostiene que es un mecanismo legal para financiar obras públicas.
Archivo particular
El Consejo Gremial de Bolívar celebró el fallo y reiteró que la medida era “injusta, arbitraria y contraria a los principios constitucionales”. En su concepto, el cobro se pretendía imponer sin una justificación técnica clara ni beneficios comprobables para los predios afectados, lo que generaba incertidumbre jurídica y económica en la región.
Por su parte, Camacol Bolívar destacó que la decisión judicial protege a miles de familias y empresas que habrían sido afectadas por una carga desproporcionada. El gremio había advertido sobre la falta de socialización, los vicios de ilegalidad y la ausencia de estudios que demostraran el impacto positivo de las obras en los predios incluidos en la zona de influencia. “La infraestructura debe ser sinónimo de progreso, no de imposición”, señaló en un comunicado.
También se pronunciaron autoridades locales. Las alcaldías de Cartagena y Barranquilla habían expresado su desacuerdo con el proceso, argumentando que este se adelantaba sin transparencia ni participación ciudadana. Ambas administraciones celebraron que la justicia haya exigido garantías antes de cualquier cobro.
El congresista Carlos Meisel, quien lideró una acción popular que derivó en la suspensión inicial del cobro, calificó el fallo como “una victoria de la ciudadanía frente a una medida que no respetaba el debido proceso”. Meisel insistió en que cualquier contribución debe estar sustentada en estudios técnicos y en un diálogo abierto con las comunidades.
El senador Carlos Meisel celebró en redes esta decisión.
Cortesía
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación respaldó la decisión del Consejo de Estado y recordó que había solicitado al Tribunal Administrativo del Atlántico suspender el cobro y convocar mesas de trabajo con los municipios involucrados. En su concepto, el proceso vulneraba el derecho a la participación y al debido proceso, pilares fundamentales en cualquier política pública que afecte el patrimonio de los ciudadanos.
Por ahora, el cobro sigue suspendido y el debate continúa en los estrados judiciales y en la opinión pública. La decisión del alto tribunal reafirma la necesidad de garantizar el diálogo con las comunidades antes de aplicar cualquier medida que afecte su patrimonio.
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Camilo Alvarez Peñaloza, periodista de EL TIEMPO Barranquilla @camiloa.ap_20