Conflicto y Narcotráfico
Primicia: Mindefensa presentará cuatro nuevos proyectos de ley ante el Congreso; uno de ellos busca endurecer el tráfico de armas
Jesús Antonio Blanquicet
16 de agosto 2025 , 02:03 p. m.
16 de agosto 2025 , 02:03 p. m.
Primicia: Mindefensa presentará cuatro nuevos proyectos de ley ante el Congreso; uno de ellos busca endurecer el tráfico de armas
La radicación se dará el próximo martes. Interdicción marítima, agencia espacial y disciplina militar, las otras iniciativas.
Jesús Antonio Blanquicet
El Gobierno Nacional tiene previsto presentar en el Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley que, según lo anunciado por el Ministerio de Defensa, buscan modificar y actualizar marcos normativos en distintas áreas de seguridad, justicia y ciencia. La radicación se realizará el martes 19 de agosto en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional a las 9:30 de la mañana, con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros del gabinete.
Uno de los proyectos se centra en el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), elaborado en conjunto con el Ministerio de Justicia. La propuesta plantea dotar al Cuerpo de Guardacostas de funciones limitadas de policía judicial, bajo supervisión de la Fiscalía y la Rama Judicial. Con este mecanismo se pretende agilizar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en aguas jurisdiccionales colombianas, incorporando herramientas tecnológicas que permitan procedimientos virtuales y coordinados.
Uno de los proyectos busca darles más dientes a la armada, que tendría funciones de policía judicial
Archivo Armada de Colombia.
Otro de los textos legislativos corresponde a la creación de la Agencia Espacial Colombiana (AESCOL), iniciativa trabajada con el Ministerio del Interior. Esta agencia estaría adscrita a la Presidencia de la República y tendría como mandato articular recursos, iniciativas y capacidades del país en materia espacial. Su finalidad sería promover la participación de Colombia en proyectos internacionales y fortalecer la inserción estratégica en el ecosistema espacial regional, siguiendo experiencias de cooperación científica y tecnológica en América Latina.
Un tercer proyecto busca introducir cambios en el Código Disciplinario Militar, actualmente regulado por la Ley 1862 de 2017. La propuesta de reforma pretende subsanar vacíos jurídicos y ajustar el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares a los estándares de la jurisprudencia nacional e internacional. En particular, se alinea con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han señalado la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales en los procesos disciplinarios de miembros de la Fuerza Pública.
Endurecer tráfico ilegal de armas
El cuarto proyecto apunta a la actualización del Decreto-Ley 2535 de 1993, que regula el porte, tenencia y control de armas, municiones y explosivos en Colombia. El texto reconoce que la norma vigente tiene más de tres décadas y que no contempla fenómenos recientes como el avance de tecnologías armamentísticas ni la relación con sectores específicos como la seguridad privada, el deporte, la caza, el coleccionismo y la seguridad rural.
De acuerdo con la justificación del proyecto, entre 2018 y 2025, las autoridades colombianas incautaron 108.527 armas de fuego y traumáticas, de acuerdo con registros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía. En el primer periodo, entre 2018 y 2021, se decomisaron 53.039 armas, con un pico en 2019 que superó las 20.600. Posteriormente, entre 2022 y abril de 2025, el número ascendió a 55.488, lo que refleja un incremento sostenido en la magnitud de los decomisos y un cambio en las características del armamento intervenido.
La otra iniciativa busca endurecer la ley de porte de armas para hacer frente al tráfico ilegal.
Canva
Los datos muestran un crecimiento en la incautación de pistolas y revólveres ilegales, con más de 12.000 unidades decomisadas durante 2023 y 2024. También resalta la aparición de armas traumáticas, que han alcanzado más de 10.000 incautaciones en el mismo lapso, pese a que en la normatividad anterior no eran catalogadas como armas de fuego. A ello se suma la persistencia de armamento de alto poder, entre ellos fusiles, subametralladoras, lanzagranadas e incluso un lanzacohetes incautado en 2024.
Esta iniciativa fue construida en coordinación con el Ministerio de Justicia, y busca responder a los desafíos actuales en materia de seguridad, combatir el tráfico ilegal de armas y blindar jurídicamente a los miembros de la Fuerza Pública en escenarios de alta complejidad operativa.
El articulado contempla medidas para endurecer las sanciones penales contra quienes fabriquen, porten o comercialicen explosivos o armamento sin autorización. Por ejemplo, se plantea que el uso o la tenencia de artefactos explosivos de alto poder pueda ser castigado con penas de hasta 25 años de prisión si se trata de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o si se pone en riesgo a la población civil.
También se incluye una nueva clasificación para las armas traumáticas, de fogueo y similares, que serían tratadas como armas de fuego si presentan características modificables para causar daño.
La reforma incorpora cambios clave en la jurisdicción penal militar, a través de la introducción de conceptos como “conexidad operacional” y una definición ampliada del “acto del servicio”. Con ello, el Gobierno busca establecer un marco claro que permita a la Justicia Penal Militar asumir con mayor rapidez y certeza jurídica los procesos contra uniformados en ejercicio de funciones operacionales. Esta parte del articulado ha generado atención especial, dado el debate permanente sobre los límites entre la justicia ordinaria y la militar, especialmente en contextos donde se han reportado excesos del uso de la fuerza.
Las iniciativas aterrizan en la última legislatura, época en la que el Gobierno ha perdido apoyo.
César Melgarejo. EL TIEMPO
Adicionalmente, el proyecto de ley propone la creación de un Registro Nacional de Trazabilidad de Armas, que permita hacer seguimiento a cada arma desde su fabricación hasta su destino final. También se refuerzan los controles a empresas de vigilancia, armerías y usuarios civiles con permisos especiales, quienes deberán reportar cualquier movimiento, pérdida, hurto o destrucción de armamento en tiempo real.
Regulará además, las importaciones que quedarán bajo autorización exclusiva del Ministerio de Defensa, con requisitos más exigentes tanto para entidades estatales como privadas.
La radicación de esta propuesta ocurre en medio de un clima político en el que el uso de armas no convencionales, los vacíos legales frente a los explosivos de fabricación casera, y la expansión de grupos armados ilegales en distintas regiones del país, como Nariño, Cauca y Catatumbo, han puesto nuevamente en la agenda la necesidad de actualizar la regulación vigente.
A pesar de las preocupaciones que han manifestado algunas organizaciones sobre una posible expansión de la justicia penal militar, el Gobierno sostiene que el proyecto se ajusta al marco constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Una vez radicado, el proyecto iniciará su trámite en las comisiones constitucionales del Senado, donde se anticipa un debate técnico y político sobre el equilibrio entre seguridad, legalidad y control institucional del uso de la fuerza en Colombia.
Jesús Blanquicet
Subeditor de Justicia