Paz y Derechos humanos
El polvorín en La Guajira que la Defensoría calificó de riesgo extremo: se enfrentan el ‘Clan del Golfo’ y las autodefensas de la Sierra
Sara Valentina Quevedo Delgado
13 de agosto 2025 , 02:32 p. m.
13 de agosto 2025 , 02:34 p. m.
El polvorín en La Guajira que la Defensoría calificó de riesgo extremo: se enfrentan el ‘Clan del Golfo’ y las autodefensas de la Sierra
El Ministerio Público emitió su décima alerta del año, con una radiografía del orden público en la región.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Exposición de cuerpos desmembrados, extorsiones, reclutamiento forzado de menores, confinamientos, desplazamientos y homicidios. La décima alerta temprana de la Defensoría del Pueblo destapa una crisis de orden público en ciernes en Riohacha, Dibulla y San Juan del César, donde la población ha quedado atrapada en una sangrienta guerra entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) —grupo heredero del exparamilitar Hernán Giraldo, con control hegemónico en la región— y el ‘Clan del Golfo’, que disputa su incursión en el territorio.
Para entender la lucha por el control del territorio, la Defensoría describe las características geográficas y el contexto social de los tres municipios. Riohacha y Dibulla tienen salida al mar y acceso directo a puertos marítimos, mientras que San Juan del Cesar ocupa una ubicación estratégica entre las faldas de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, bordeado por los ríos Cesar y Ranchería.
Esa posición los convierte en “puntos clave para actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de mercancías y la trata de personas”, parte del portafolio criminal con el que los grupos armados financian su operación.
En esta zona han tenido presencia histórica las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo heredero del exparamilitar Hernán Giraldo, conocido como el 'patrón de la Sierra' y señalado por graves crímenes, entre ellos el abuso sexual sistemático de menores.
Desde finales de los años 90, Giraldo comandó este bloque, inicialmente llamado Resistencia Tayrona, que en el 2012 casó una disputa por el control territorial con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hoy ‘Clan del Golfo’.
Producto de esta pugna de 13 años, en el escenario actual se evidencian dos dinámicas. “La primera, y más preponderante, es la disputa abierta entre estos dos grupos armados ilegales. La segunda es el intento de consolidación de ambos, reflejada, por un lado, en la expansión territorial, militar y política del EGC (‘clan del Golfo’) y, por otro, en el recrudecimiento del control hegemónico de las ACSN (Autodefensas de la Sierra) en determinados territorios”, advierte la Defensoría.
Según el informe, el 'clan' quiere mantener el control territorial de la troncal del Caribe y la Sierra Nevada, un territorio con presencia de los 'conquistadores de la Sierra', lo que ha derivado en disputas intermitentes y constituye el principal factor de violencia.
"Lo anterior, expresado en incursiones a territorios ancestrales, confrontaciones armadas, homicidios selectivos, retenciones ilegales de la población civil, prácticas destinadas a generar terror, extorsiones, imposición de normas de comportamiento, lo que ocasiona a su vez, desplazamientos y confinamientos de las poblaciones indígenas que allí habitan", señala el documento.
El interés del ‘clan del Golfo’ sobre esta troncal obedece a la consolidación del grupo a partir de las economías ilícitas que circulan por esta ruta. Este fortalecimiento, advierte el informe, “puede rastrearse desde el departamento del Cesar y continúa en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira)”. Esta dinámica se presenta en zonas donde las Autodefensas de la Sierra no tienen presencia.
Por su parte, el grupo heredero de Hernán Giraldo mantiene el control en la Troncal del Caribe y en los territorios aledaños, ubicados en la parte baja y alta de la Sierra Nevada. Estos espacios han sido utilizados como bodegas de mercancías ilegales, “entrenamiento u ocultamiento de sus tropas, instalación de laboratorios para el procesamiento de alcaloides y como zonas de camuflaje para actividades ilícitas, entre otras”.
Prácticas de control social
Para ganar terreno en estas zonas, ambos grupos le apuestan a las prácticas de control territorial. Por ejemplo, las ACSN han convocado a reuniones a los habitantes del municipio de Dibulla y en el distrito de Riohacha, imparten directrices y establecen normas específicas de conductas.
Por su parte, el EGC implementa estos mecanismos de control social en Riohacha y en el municipio de San Juan del Cesar (corregimientos de Villa del Rio, El totumo -vda. La Sierrita-, El placer, Los Cardones) en donde han ingresado en diferentes ocasiones, desde el primer semestre de 2024 y hasta lo corrido del año 2025.
En la capital de La Guajira, ambos grupos armados también han implementado una práctica sistemática de extorsiones, afectando a ganaderos, campesinos, pescadores y comerciantes.
En algunos corregimientos, como Tigreras, Choles, Matitas y Juan y Medio, las 'autodefensas de la Sierra' han llegado prohibir a la comunidad pagar las vacunas del 'clan', "lo que incrementa el riesgo de estigmatización y señalamientos de colaboración con el grupo contrario", dice la entidad.
"En el municipio de San Juan del Cesar, el EGC inició estrategias de cobro de exacciones económicas a los finqueros desde el segundo semestre de 2023, fijando un monto anual de $10.000 por cada hectárea. Durante 2024, esta modalidad de extorsión continuó de manera sostenida en todos los corregimientos y en la cabecera municipal", agrega la alerta temprana.
Dentro de las prácticas de control y sometimiento, la Defensoría advierte de la aplicación de métodos de terror como la exposición de cuerpos desmembrados.
"Estas prácticas son implementadas con el fin de consolidar su control territorial y funcionan como una herramienta de disuasión, profundamente aleccionadora para la población civil, en caso de resistirse al orden violento que se pretende imponer. Además sirve de advertencia entre grupos rivales, como mecanismo de disciplina interna para sus propios miembros, y enviar mensajes de poderío, incluso a las autoridades estatales", explica.
Producto de esta guerra, se advierte un incremento de las afectaciones humanitarias, como el reclutamiento forzado de menores, el desplazamiento y el confinamiento de comunidades que han quedado atrapadas en medio del fuego cruzado.
Y, en paralelo al accionar de los grupos armados ilegales, la alerta también tuvo en cuenta factores como la ausencia del Estado frente a las vulneraciones de los derechos de la población civil en los municipios focalizados, “en particular de su oferta social”.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia