Paz y Derechos humanos
Control nocturno, extorsión y miedo: el frente ‘Carlos Patiño’ consolida un ‘estado de hecho’ en Patía y El Tambo
Danna Valeria Figueroa Rueda
02 de julio 2025 , 10:36 a. m.
02 de julio 2025 , 10:37 a. m.
Control nocturno, extorsión y miedo: el frente ‘Carlos Patiño’ consolida un ‘estado de hecho’ en Patía y El Tambo
Cuatro consejos afrodescendientes en Patía, Cauca, están en riesgo inminente por control armado de las disidencias.
Danna Valeria Figueroa Rueda
“Cuando cae la noche, apago la luz a la fuerza. Si no lo hago, vienen y exigen dinero o algo peor. Vivimos encerrados en nuestra propia casa”, dijo un líder social del Cauca quien a lo largo de estos años ha sido testigo del peligro que se corre en las comunidades por los grupos armados.
El líder, conocido como ‘Pantera’, hace parte de la comunidad ubicada en el triángulo montañoso que conforman los municipios de Patía y El Tambo, en el sur del Cauca, los ecos del acuerdo de paz de 2016 se desvanecen entre apagones obligatorios, retenes armados y extorsiones millonarias.
Desde diciembre de 2024, el frente ‘Carlos Patiño’ –una disidencia vinculada al Bloque Occidental Jacobo Arenas– ha aprovechado la débil presencia estatal para imponer un control territorial que afecta a cerca de 97.000 personas, el 71,5 % de ellas afrodescendientes que habitan en 21 consejos comunitarios distribuidos entre la zona urbana y rural de Patía, y en el corregimiento Cabuyal de El Tambo.
Mensajes, al parecer, de disidentes.
Personería 
Según una Alerta Temprana de Inminencia N. 008-2025 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 17 de junio de este año, este grupo armado ha sembrado el terror imponiendo “cuotas” económicas semanales y obligando a hogares y negocios a apagar sus luces cada noche a las 7 p.m. como medida de “seguridad colectiva”.
En la práctica, estas dinámicas constriñen la movilidad, asfixian la economía y erosionan el tejido social, al tiempo que normalizan un “orden ilegal” paralelo al Estado.
El peso de la extorsión y los retenes que asfixian la economía
En las trochas solitarias que se desprenden de la vía Panamericana —la carretera nacional que atraviesa el sur del Cauca y conecta a municipios como Patía y El Bordo con el centro del país—, los conductores de vehículos de pasajeros y de carga han sido obligados a pagar cuotas económicas periódicas establecidas por el frente ‘Carlos Patiño’. Según la alerta de la Defensoría, esos montos se definen a partir de información recabada por informantes locales sobre la capacidad de pago de cada vehículo, y quienes se niegan a colaborar enfrentan sanciones como la retención del automotor y trabajos forzados en la vía.
Para quienes se resisten a pagar, la sanción no es simbólica: se enfrentan a la retención de sus vehículos y son obligados a realizar trabajos forzados en la vía Quintero–La Cadena, sin recibir remuneración ni contar con condiciones de seguridad.
La ola de extorsiones no se limita al transporte: comerciantes de mercados locales y propietarios de fincas deben pagar cuotas periódicas al frente ‘Carlos Patiño’, y quienes se niegan enfrentan sanciones que incluyen trabajos forzados o la confiscación de sus insumos agrícolas.
Esta presión económica recae con especial dureza en un municipio donde más del 96 % de la población vive en zona rural, lo que limita el acceso a servicios básicos y agudiza la dependencia de actividades informales para la subsistencia diaria, en un contexto donde las oportunidades laborales formales son escasas. En un contexto así, esos cobros representan la diferencia entre cubrir la canasta básica y caer en la imposibilidad de conseguir bienes esenciales.
Tropas del Ejército contra disidentes.
Ejército Nacional
Los retenes ilegales instalados por el frente ‘Carlos Patiño’, como el registrado el 25 de enero de 2025 en la entrada del corregimiento El Hoyo, hacen parte de su estrategia de control territorial. Según la Defensoría, esos retenes se utilizan para ejercer vigilancia armada y limitar la movilidad de los habitantes, afectando el comercio local y exponiendo a la población civil a situaciones de tensión e intimidación constante.
Apagones obligatorios y reclutamiento de menores
Desde enero de 2025, el frente ‘Carlos Patiño’ impuso en el corregimiento El Hoyo una orden para que las comunidades apaguen las luces de sus viviendas después de las 7 p.m., como parte de sus medidas de control territorial.
Según la alerta, esta instrucción busca “mantener la seguridad, la vigilancia e identificar cualquier movimiento sospechoso”. Aunque el grupo la presenta como una medida preventiva, en la práctica limita la movilidad, interrumpe la vida cotidiana y genera temor entre los habitantes, que quedan expuestos en medio de la oscuridad a posibles enfrentamientos o acciones violentas.
La gente no cultiva coca por gusto. Lo hace porque no hay otra opción real. Si no se implementa el acuerdo de paz, si no se invierte en alternativas, esto va a seguir igual.
'Pantera' lo describió con claridad: “Uno entiende que esa orden de apagar las luces después de las siete la hacen ellos por temas de seguridad interna, pero para nosotros es otra forma de control. Se interrumpe la rutina, no se puede salir, ni siquiera a buscar una medicina si alguien se enferma”.
En sus palabras, esa restricción no solo afecta la movilidad: “Si a mí me dicen que no me mueva después de cierta hora porque hay riesgo, por seguridad no lo hago”.
El Ejercito ha luchado durante años para combatir a esos grupos.
EFE.
Durante las noches, la orden de apagar las luces después de las 7 de la noche impuesta por el frente ‘Carlos Patiño’ ha profundizado el miedo en las comunidades. Esa medida forma parte del control territorial que limita la movilidad de la población y refuerza la vigilancia armada en zonas donde ya operan retenes ilegales, afectando directamente las rutinas diarias y el acceso a servicios básicos en los corregimientos afectados.
A esta dinámica se suma el riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales donde el control territorial es más fuerte. La Defensoría advierte que estos menores podrían ser empleados para apoyar las operaciones del grupo armado, y señala que existe un subregistro significativo de los casos debido al temor a represalias por parte de las familias afectadas.
'Pantera' reconoce: “eso no es un secreto para nadie”. “Las comunidades lo sabemos. A veces se escucha que un muchacho ya no está, que lo vieron en otra parte con gente armada. La mayoría de las veces las familias no denuncian por miedo”. Añadió que la escuela debería ser un refugio, pero que no siempre es así. “Los niños deberían estar en la escuela, no metidos en ese conflicto. Pero si el Gobierno no les garantiza educación ni opciones, es fácil que terminen siendo tentados”.
La situación se agrava por la presencia de economías ilegales en la región, como los cultivos de uso ilícito y la minería informal, sobre las que ese frente ilegal ejerce control. En contextos donde las oportunidades laborales formales son limitadas, estas actividades representan una opción de sustento para parte de la población, lo que refuerza la influencia del grupo armado en el territorio.
Desde su experiencia como defensor de derechos humanos, 'Pantera' sostuvo que no toda la responsabilidad recae en los grupos armados. “Aquí la misma Fuerza Pública ha abandonado muchos territorios. Entonces, el problema no es solo que haya cultivos o minería, sino que no hay condiciones para otra forma de vida”, advirtió. “La gente no cultiva coca por gusto. Lo hace porque no hay otra opción real. Si no se implementa el acuerdo de paz, si no se invierte en alternativas, esto va a seguir igual”.
Comunidades étnicas y firmantes de paz en la mira
La Alerta Temprana resaltó que los impactos de esta violencia se agravan en poblaciones con perfil étnico y en firmantes del Acuerdo de Paz. En Patía habitan 39.406 personas, de las cuales el 71,55 % se identifican como afrodescendientes, distribuidas en 21 consejos comunitarios —cuatro de ellos en riesgo inminente (El Samán, La Nueva Esperanza, El Pedrero y Afro Brisas del Río Patía).
Entre 2024 y 2025, firmantes del Acuerdo de Paz ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Estrecho, así como en zonas dispersas de la cordillera y El Bordo, han sido objeto de amenazas, estigmatización y riesgo de desplazamiento. Según la Defensoría, algunos han optado por no acceder a medidas institucionales de protección por temor a ser identificados como víctimas, lo que ha contribuido al subregistro de casos.
“En el territorio hay muchos compañeros que han sido firmantes del Acuerdo de Paz, y hoy siguen en riesgo. Muchos no denuncian porque si lo hacen, quedan expuestos. Aquí no hay garantías. El que habla, se expone”, señaló 'Pantera', quien hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca.
Disidentes de las Farc.
Ernesto Cortés. EFE / Archivo EL TIEMPO
La falta de garantías jurídicas y el temor para denunciar han dificultado que varios consejos comunitarios afrodescendientes avancen en procesos de restitución de tierras, incluso cuando cuentan con decisiones judiciales a su favor. El Consejo Comunitario Nueva Esperanza, reconocido mediante sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán en 2021, enfrenta serias barreras para ejercer sus derechos territoriales debido a la presencia del frente ‘Carlos Patiño’ y al riesgo de represalias contra quienes rechazan su control.
Según 'Pantera', el miedo a reclamar lo que les pertenece es real: “En comunidades como Nueva Esperanza, la gente sabe que tiene derecho al territorio, pero si ejercen ese derecho, inmediatamente los amenazan. Hay zonas donde ni siquiera se puede hablar de restitución sin que eso ponga a alguien en riesgo”.
Un mapa de riesgos y recomendaciones pendientes
La Defensoría formuló 15 recomendaciones que incluyen desde operativos de verificación y desminado en caminos y puentes, hasta acciones de atención psicosocial para menores en riesgo de reclutamiento, así como garantías de protección para liderazgos sociales y comunidades étnicas. Sin embargo, muchas de estas medidas aún no han sido implementadas de manera efectiva por falta de articulación entre entidades responsables.
Alias 'Giovanný', presunto cabecilla de la comisión 'Carlos Patiño' en Argelia, Cauca.
Cortesía redes sociales
Las autoridades locales han recibido recomendaciones para actualizar sus planes de contingencia, incluyendo enfoque étnico-territorial y medidas específicas para población en riesgo por minas antipersonal. A su vez, la Gobernación del Cauca fue llamada a priorizar recursos para fortalecer las respuestas institucionales, mientras que la Unidad Nacional de Protección debe reforzar sus análisis de riesgo y ajustar las medidas de protección dirigidas a liderazgos sociales y comunidades vulnerables.
La Fiscalía General de la Nación y la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales deben fortalecer los procesos de investigación relacionados con extorsión, desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos documentadas en la zona. Las recomendaciones asignan tiempos de implementación que van desde dos meses hasta acciones de carácter permanente, dependiendo de la entidad y del tipo de medida.
Entre tanto, la limitada presencia estatal en los territorios –más allá de recomendaciones institucionales o ayudas puntuales– ha reforzado entre las comunidades la sensación de estar solas frente al control armado. En palabras de 'Pantera', “el Ejército no va a una comunidad para salvaguardar la vida y honra de los habitantes; va cuando hay un operativo o una confrontación”.
Como vocero en el Cauca, un sector tan abandonado, según él, 'Pantera' insiste en que las comunidades no forman parte del conflicto, pero que son las que pagan las consecuencias. “Nosotros no estamos armados, no somos combatientes, pero nos tratan como si lo fuéramos. Vivimos en medio del fuego cruzado y nos toca pedir que nos dejen vivir”.
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DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDA
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO