Conflicto y Narcotráfico
‘La prioridad de la Nación debe ser su gente y no los criminales’
Redacción El Tiempo
18 de enero 2025 , 11:15 p. m.
18 de enero 2025 , 11:15 p. m.
‘La prioridad de la Nación debe ser su gente y no los criminales’
Es necesario volver a un consenso nacional sobre la seguridad, dice el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón, quien habla sobre los retos del orden público en Colombia.
Juan Carlos Pinzón Bueno
Durante muchos años, los colombianos avanzamos en la recuperación de la soberanía nacional, el control del territorio y la lucha contra las economías ilícitas. La economía creció, la inversión aumentó y la pobreza se redujo. Fueron resultados que merecen el reconocimiento al servicio de las Fuerzas Armadas y al esfuerzo de diversas instituciones.
Tal vez las nuevas generaciones hayan dado por sentados estos logros, pues no conocieron a Colombia cuando fue el país más violento del mundo. Quizás esos avances no hayan llegado por igual a todos los rincones del país, ya sea porque no se logró avanzar lo suficiente o porque se soltó el acelerador cuando no se debió hacer. El acuerdo de 2016 tuvo efectos adversos: desmontó parte de los logros en seguridad y el consenso que existía sobre el tema, ofreció promesas no planificadas para las comunidades de regiones apartadas y habilitó el escenario caótico de fortalecimiento criminal.
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Con todo lo anterior, el imaginario sobre la violencia en el país evolucionó. Las preocupaciones de gran parte de los colombianos hoy son distintas. En el centro de la discusión pública están hoy el hurto, la extorsión, los delitos sexuales, entre otros. Que en todo caso conviven con esas viejas preocupaciones que nunca superamos del todo.
Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa entre septiembre de 2011 y junio de 2015.
Archivo. EL TIEMPO
Fortalecer la seguridad significa tranquilidad para vivir y progresar. Que unos padres no tengan miedo de que sus hijos no regresen sanos y salvos a casa por el robo de un celular. Que un tendero no tenga miedo de abrir su local porque en cualquier momento llegará alguien a extorsionarlo. Que una mujer no tenga miedo de salir de noche en su barrio y ser víctima de violencia sexual. Que un campesino no tenga miedo de moverse sin un carné que lo identifique ante un grupo criminal. Que una familia no tenga miedo de levantar su voz frente a un problema de convivencia con sus vecinos. Que un empresario o un ciudadano no tenga miedo de ser víctima de un fleteo al hacer un retiro en el banco. Que las familias no teman a una pandilla que consume drogas en el parque de su barrio. Pero, sobre todo, que tengamos certeza de que hay unas instituciones que nos defienden, nos cuidan y sancionarán a los victimarios.
Hoy el país está expuesto a un reposicionamiento, expansión y fortalecimiento de las estructuras criminales, que cuentan con mayor financiamiento, capacidades y libertad para desarrollar actividades delictivas, y que tienen impacto desde las zonas rurales hasta las calles de cualquier municipio.
El gobierno actual ha construido su tesis de pacificación basada en el concepto de ‘paz total’, que en últimas ha creado incentivos económicos y jurídicos para los violentos, así como confusión y restricción a la Fuerza Pública. Algunos miembros del Gobierno Nacional tienen una trayectoria de desprecio por las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de la ley. Igualmente, los escándalos de corrupción en lo más alto de sus funcionarios minan su credibilidad y autoridad para liderar cualquier solución.
Para que los colombianos puedan vivir con tranquilidad es necesario revertir el avance de los criminales. Este debe ser el punto de partida para recuperar a Colombia.
Frenar el crimen
La presencia de los grupos criminales ha aumentado de forma acelerada. En el informe Los contrastes de la realidad humanitaria la Defensoría identificó que el ‘clan del Golfo’ aumentó su presencia en 179 municipios desde 2019; el Eln, en 83; las disidencias de las Farc, en 175, y los grupos de crimen organizado, en 70.
Mención especial merece la situación en los municipios Pdet, en los que el homicidio creció desde 2016. En algunas zonas en particular la violencia ha crecido en grandes proporciones, como en Arauca –que pasó de una reducción del 70 % en 2023, comparando el periodo enero a noviembre, a un incremento del 57 % en 2024– y el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño –que pasó de una reducción de 35 % en 2023 a un incremento de 47 % en 2024–.
Incluso, en algunas regiones como el Pacífico y Frontera Nariñense, La Macarena-Guaviare, o el Catatumbo, donde esta cifra bajó en los últimos dos años, no se puede afirmar que se ha superado la violencia. En estas zonas el Eln o las disidencias han logrado fortalecer su presencia, según los informes de las autoridades. La reducción del homicidio debe ser causa de alarma, pues puede evidenciar una “pacificación forzosa” por la consolidación del control criminal y no por la victoria del imperio de la ley.
Economías ilícitas
A finales de 2024, Naciones Unidas reportó la cifra más alta jamás registrada de cultivos de coca en Colombia, con 253.000 hectáreas cultivadas en 2023. A pesar de que los registros de cocaína incautada aumentaron de 659 toneladas en 2022 a 862 en 2024, según reportó el Ministro de Defensa, este cambio no compensa el incremento de 53 % en la producción potencial, que pasó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 en 2023. Asumiendo que la producción potencial de 2024 sea exactamente la misma del año anterior, las incautaciones tan solo alcanzan el 32 % del total.
Lo propio sucede con el auge de la minería ilícita, que convive con el cultivo de coca. De acuerdo con información de la Procuraduría, hay 332 municipios y 26 departamentos afectados por minería ilegal.
Estudios de la Agencia Nacional de Minería y la Asociación Colombiana de Minería estiman que más del 60 % del oro que se produce en el país es explotado por redes criminales, casi 35 toneladas de oro, que no pagan regalías ni benefician comunidades y, en cambio, destruyen el medioambiente y alimentan las arcas criminales.
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El fortalecimiento de los grupos criminales tiene un daño directo y lamentable sobre niños, niñas y adolescentes. A noviembre de 2024 la Defensoría registró 282 casos de reclutamiento forzado. Además del impacto directo que este tiene para sus familias y sus comunidades, los grupos criminales están condenando a una nueva generación de colombianos a sufrir por la violencia. Además, las cifras más recientes publicadas por el Ideam en 2024, señalan una deforestación en los departamentos de la Amazonía de 40.219 hectáreas, un incremento de 234 % frente a la estimación del mismo periodo del año anterior.
Según datos de enero a noviembre de 2024, el homicidio se incrementó en 26,7 % en Barranquilla, 13.1 % en Bogotá, 6,6 % en Cartagena y 1,8 % en Bucaramanga, para mencionar algunas de las principales ciudades. En los últimos días se han presentado dos masacres de familias completas que han conmocionado al país, una en Aguachica, (Cesar) y otra en Tibú, Norte de Santander, donde fueron asesinados un bebe de seis meses, su mamá y su papá.
La extorsión tiene sometidos a tenderos, empresarios y comunidades en todo el país, el subregistro dificulta el conocimiento de la magnitud real del problema. En Bogotá, se evidenció un incremento de 64 % en los registros de extorsión al cierre del año. Con el auge de la coca, no debe sorprender que el microtráfico tampoco de tregua.
Lo complejo es que las ciudades tienen que enfrentar estos fenómenos sin contar con todas las herramientas necesarias para hacerlo. A pesar del compromiso y los recursos movilizados por los alcaldes, el esfuerzo resulta insuficiente.
Colombia perdió uno de sus activos más importantes en materia de seguridad y defensa: la confianza y comparabilidad de las cifras. Desde 2022 se puso en marcha un cambio metodológico en el conteo del homicidio, en el que se pasó de reportar la cifra de homicidio total –sin importar quién fuera la víctima– a reportar únicamente el “homicidio intencional”, sin dejar claro el proceso por medio del cual se clasifica cada registro y excluyendo las muertes en procedimientos de la Fuerza Pública. Por primera vez en una década, Medicina Legal reportó más casos de homicidio en el 2023 que el Ministerio de Defensa, generando la sensación de desconfianza en las cifras.
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Fuerza Pública fuerte
Los ceses al fuego firmados por el Gobierno, sin exigencias claras para los grupos criminales ni forma de verificarlos, han creado confusión e inoperancia efectiva de las instituciones. De 897 días del actual gobierno (con corte al 19 de enero de 2025), en 738 la Fuerza Pública no ha podido operar con normalidad contra los grupos al margen de la ley. Esto representa 398 días de operaciones paralizadas contra el Eln, 454 días contra el ‘Estado Mayor Central’, 181 días contra la ‘Segunda Marquetalia’, 78 días contra el ‘Clan del Golfo’, 181 días contra las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’ y 188 contra el ‘Estado Mayor Bloque Magdalena Medio’. Adicionalmente, el Gobierno ya anunció un cese al fuego con el grupo ‘Comuneros del Sur’, cuyo inicio se concretaría en este mes de enero.
A pesar de la creciente necesidad de mantenimiento, reemplazo y aumento de capacidades de la Fuerza Pública y de nuevas tecnologías, el gasto en defensa y seguridad en el último año fue el más bajo desde 1995. Este gasto cayó de un promedio anual de 3,3 % del PIB entre 2010 y 2019, a apenas el 2,9 % del PIB en 2022 y 2023, y a 2.6 % del PIB en 2024. Preocupa que el Ministro de Defensa haya indicado que los recursos para la seguridad de los colombianos se reducirían aún más en 2025. Capacidades disminuidas o ausencia de alistamiento, incluso, hacen temer accidentes en el uso de aeronaves y equipos, poniendo en riesgo la vida de nuestros uniformados.
Por cuenta de lo anterior, el país enfrenta una reducción alarmante del pie de fuerza, que se ubica muy por debajo del máximo histórico alcanzado en mayo de 2015 de 467.000 miembros activos. Hoy escasamente alcanza 370.000. No se puede pensar una respuesta contundente a la criminalidad con cerca de 100.000 efectivos menos.
Las Fuerzas Armadas necesitan contar con las decisiones y capacidades para proteger nuestras fronteras y soberanía nacional, y la falta de contundencia del gobierno colombiano para rechazar el régimen antidemocrático en Venezuela pone al país en una situación de vulnerabilidad.
De otra parte, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas expresan preocupación y falta de apoyo operacional, logístico y jurídico. Los desplantes continuos del Presidente y del Ministro de Defensa son una invitación a la inacción. La persecución de la Justicia Transicional contra miembros de las Fuerzas Armadas en comparación con el trato generoso con quienes formaron parte del grupo terrorista Farc, genera un problema de moral y afecta la innegable voluntad de servicio de nuestras Fuerzas.
Enfrentar el escenario de inseguridad requiere coordinación entre la Fuerza Pública, instituciones del Ejecutivo y la Rama Judicial. Según la Fiscalía, la impunidad en los casos de homicidio alcanzo el 85.7 % en la última década.
Solo a través de la aplicación del imperio de la ley se puede disuadir a los violentos de imponer sus agendas. Pero las señales enviadas por el Gobierno apuntan en la dirección contraria: criminales de lesa humanidad en el Congreso, delincuentes y terroristas designados como gestores de paz, y el pago perverso de un millón de pesos a jóvenes por no delinquir.
Llegar a un consenso
Por la experiencia y los éxitos históricos de nuestros militares y policías, que tuve la oportunidad y el honor de liderar para mejorar la seguridad de los colombianos, creo en la necesidad, no solo de planificar, estudiar a fondo y asignar presupuestos apropiados, sino de ofrecer el entorno político y estratégico adecuado para lograr el éxito en su misión constitucional. Es esencial comprender que la seguridad trasciende lo castrense y tiene un gran componente de desarrollo socioeconómico y que es fundamental un enfoque basado en resultados inequívocos.
Se necesita volver a un consenso nacional sobre seguridad que permita que ningún colombiano tenga miedo de vivir en el país. Que le asigne a la protección de cada persona la mayor prioridad y el esfuerzo de todas las instituciones. El Estado, y los lideres a su turno, deben hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a este objetivo. Deben hacerlo con respuestas hechas a la medida de los retos de cada región, dotar de inteligencia y capacidades a la Fuerza Pública para defender a las personas y sus libertades, articularse con la justicia para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos. La prioridad de la Nación debe ser su gente y no los criminales; siempre proteger al ciudadano, nunca al bandido.
Juan Carlos Pinzón Bueno (*)
Exministro de Defensa, exembajador de Colombia en Estados Unidos y profesor de la Universidad de Princeton.
(*) Agradecimiento a Camilo Martínez por su apoyo en análisis de datos.