A menos de dos semanas de las audiencias de verificación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos contra 12 exmiembros del Batallón La Popa del Ejército por ‘falsos positivos' y seis exjefes del antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad por más de 21.000 casos de secuestro, la fiscal Luz Adriana Camargo solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mayor celeridad en el cierre de procesos judiciales y en la resolución de la situación jurídica de excombatientes.
Según el documento, la falta de cierres judiciales está afectando la seguridad jurídica, la verdad procesal y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz.
La Fiscalía recordó los 17 informes que presentó a la JEP y dan cuenta de 223.282 casos relacionados con el conflicto armado, con 280.471 personas indiciadas y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Estos documentos, junto con los informes de otras entidades del Estado y organizaciones civiles, sirvieron como base para que la JEP abriera 11 macrocasos.
Luz Adriana Camargo, fiscal general. Sergio Acero -EL TIEMPOSin embargo, la Fiscalía advierte que las decisiones tomadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) han abarcado solo una porción de ese universo. Por ejemplo, en el macrocaso 01 sobre toma de rehenes por parte de las extintas Farc, la Fiscalía reportó 6.162 investigaciones, mientras que la SRVR relacionó únicamente 62 expedientes judiciales en los que se vincula a 7 comparecientes, integrantes del antiguo Secretariado.
Luego de las ambiguas justificaciones que presentaron los seis exjefes del antiguo secretariado de las Farc a la JEP sobre su máxima responsabilidad en reclutamiento forzado de menores y violaciones sexuales, la fiscal reportó 4.219 investigaciones con 5.043 procesados, frente a los 440 radicados identificados por la SRVR, de los cuales 294 están en revisión. Para la entidad, esta diferencia deja sin cierre judicial miles de procesos e indiciados.
JEP aplazó la Audiencia Pública de Verificación del Caso 01 por solicitud del antiguo secretariado. JEPLa carta también cuestiona que, pese a que la JEP ha reconocido que el sometimiento a su jurisdicción es integral, irreversible e irrestricto, los órganos de esa jurisdicción no están resolviendo la totalidad de los registros penales de los comparecientes, dejando otras investigaciones en indefinición jurídica.
Según cifras, a 31 de mayo de 2025, de los 15.020 comparecientes que han suscrito actas de sometimiento, 9.925 son exmiembros de las Farc. De estos, alrededor de 9.689 recibieron amnistía de iure y 179 amnistías individuales otorgadas por la Sala de Amnistía o Indulto. La SRVR ha emitido 16 autos de determinación de hechos y 4 resoluciones de conclusiones en tres macrocasos, determinando como máximos responsables a 38 comparecientes, incluidos siete exmiembros del Secretariado de las Farc.
No obstante, la Fiscalía insiste en que varias de esas decisiones solo cubren hechos en territorios y periodos específicos, dejando en el limbo jurídico otras conductas cometidas por los mismos comparecientes.
Exjefes del antiguo secretariado de las Farc. JEP.Para el ente acusador, la falta de decisiones definitivas podría sobrecargar a otros órganos de la JEP, como la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que debe resolver la mayoría de los casos pendientes. Hasta ahora, esta sala solo ha seleccionado negativamente a 705 comparecientes —144 de ellos exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Farc—, sin que se observe una ruta clara para avanzar en decisiones de cierre definitivo.
En ese sentido, la Fiscalía propone una articulación más efectiva entre ambas jurisdicciones, especialmente en la identificación y remisión de expedientes penales, para avanzar en la definición jurídica de los comparecientes y evitar que procesos ordinarios permanezcan abiertos de manera indefinida.
La entidad concluye reiterando su voluntad de cooperación y de continuar suministrando información, y plantea que las próximas sentencias del Tribunal para la Paz, particularmente en el Macrocaso 01, podrían convertirse en una oportunidad clave para avanzar en la consolidación de la paz estable y duradera.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y la fiscal general Luz Adriana Camargo ArchivoEsta carta llega a la JEP a menos de dos semanas de las audiencias de verificación, previas a las primeras sentencias que se emitirán.
La primera diligencia se realizará el 24 y 25 de julio en Valledupar, con la participación de 12 exmiembros del Batallón La Popa del Ejército, quienes han reconocido su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 135 personas, presentadas falsamente como bajas en combate. Estos hechos, conocidos como los "falsos positivos", ocurrieron entre enero de 2002 y julio de 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira.
La segunda diligencia tendrá lugar el 31 de julio y el 1 de agosto, y reunirá a los seis exjefes del secretariado de las Farc, quienes responderán por crímenes de guerra y lesa humanidad, relacionados con más de 21.000 casos de secuestro.
Después de cada diligencia, la JEP dispondrá de 20 días hábiles para emitir una sentencia sobre cada caso.
Redacción Justicia