La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco) explicó los motivos por los que no le ve futuro a la reforma de servicios públicos en Colombia.
A pesar de haberse prometido por años, aún no se ha radicado el texto oficial ante el Congreso, y se estima que, si se presenta este año, podría no ser tramitado. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, critica la falta de participación del Superintendente de Servicios Públicos y la ausencia de mesas de concertación, lo que debilita el proceso.
(Vea también: Cómo actualizar la hoja de vida para pasar a trabajar del sector público al privado).
Además, advierte que los múltiples proyectos que circulan proponen reducciones de tarifas sin una visión técnica a largo plazo, lo que considera un error grave.
Para Andesco, una verdadera reforma debe incluir elementos como inteligencia artificial, avances tecnológicos, medición precisa del consumo y un entorno favorable para atraer inversión.
También se solicita una actualización de las reglamentaciones por parte de la CREG y la CRA. Si se radica, el proyecto deberá surtir cuatro debates en el Congreso.
Mientras tanto, se espera un debate de control político al Superintendente para esclarecer su rol y el futuro de la reforma. La incertidumbre persiste sobre el impacto y viabilidad de los cambios propuestos.
Cómo funcionan las empresas de servicios públicos en Colombia
En Colombia, las empresas de servicios públicos como Vanti, Enel, Codensa, EPM, entre otras, cumplen un rol fundamental en la provisión de servicios esenciales como energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo. Estas compañías operan bajo un marco legal definido principalmente por la Ley 142 de 1994, conocida como la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y la Ley 143 del mismo año, que regula el servicio de energía. Estas leyes establecen un modelo mixto de prestación, en el que tanto empresas públicas como privadas, e incluso mixtas, pueden participar en la oferta de estos servicios, garantizando cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad financiera.
El funcionamiento de estas empresas está regulado por entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), encargada de la vigilancia y control, y por comisiones de regulación sectoriales como la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), que definen los marcos tarifarios y las reglas técnicas para la operación. Estas comisiones buscan equilibrar los intereses de los usuarios y los prestadores, promoviendo la competencia y la inversión en infraestructura.
Empresas como Enel (anteriormente Codensa, en el caso de energía eléctrica en Bogotá y Cundinamarca) operan bajo el esquema de mercado regulado y no regulado. En el mercado regulado, atienden a usuarios residenciales y pequeños negocios, cuyas tarifas son establecidas por la CREG con base en criterios técnicos y económicos. En el mercado no regulado, grandes consumidores pueden negociar tarifas directamente con el proveedor. Enel se encarga de la distribución y comercialización de energía, mientras que la generación es manejada por filiales como Enel-Emgesa.
Vanti, por su parte, es una de las principales distribuidoras de gas natural en Colombia, con operación en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, y Santander. Su función incluye la distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares, industrias y comercios, además del mantenimiento de la red y atención al cliente. Su operación también está regulada por la CREG y supervisada por Superservicios.
En términos generales, estas empresas deben garantizar continuidad, calidad y cobertura del servicio, mientras cumplen con metas de expansión, sostenibilidad financiera y atención eficiente a los usuarios. A pesar de su papel clave, enfrentan desafíos como las críticas por alzas en tarifas, calidad del servicio, necesidad de modernización tecnológica y mayor transparencia en su gestión.