En las últimas horas se dio a conocer el cuestionario de 12 preguntas que el Gobierno de Gustavo Petro pretende someter a consulta popular, iniciativa que busca retomar varios puntos de la reforma laboral hundida en marzo pasado por la Comisión Séptima del Senado. Esta estrategia funciona como el ‘plan B’ del Ejecutivo tras el fracaso legislativo, pero ha recibido duras críticas de los gremios empresariales por los impactos económicos y de empleo que podría producir en el país, según informó El Tiempo.
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Dentro de los temas incluidos en el cuestionario, se destaca la propuesta de modificar el horario de la jornada diurna, de modo que finalice a las 6:00 p. m. (actualmente es hasta las 9:00 p. m.), así como subir el recargo para el trabajo dominical o festivo del 75 % al 100 %. Otras preguntas abordan la formalización laboral, permisos médicos, incentivos para pequeñas empresas y un bono pensional para la población campesina. En síntesis, el cuestionario reproduce apartados centrales de la reforma que ya había sido rechazada por el Congreso, de acuerdo con el citado diario.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió en el rotativo que varias preguntas son tan específicas que podrían considerarse una reproducción directa de la reforma fallida, lo cual no estaría contemplado por el mecanismo de consulta popular. Además, señaló que las preguntas se plantean como si no tuvieran efectos secundarios o costos para trabajadores, empresas, el Estado o para la informalidad laboral.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó en dicho rotativo que ninguna de las preguntas apunta a solucionar el desempleo —cercano hoy a tres millones de personas— y subrayó que la consulta no puede suplir la función legislativa del Congreso ni reemplazar la deliberación propia de ese espacio, según el impreso.
Los empresarios están especialmente preocupados por las cargas económicas adicionales que las medidas propuestas podrían golpear sobre el sector productivo. El presidente de la Andi planteó que el Gobierno parece omitir las consecuencias que la consulta podría tener en la creación de empleos y en la promoción de la informalidad. Desde Acopi, se advirtió que trasladar a los aprendices del Sena de un contrato de aprendizaje a uno laboral ordinario incrementaría los costos empresariales en un 126 %, de acuerdo con el medio de comunicación.
Esto implicaría que el costo mensual por cada aprendiz subiría de alrededor de 1,1 a 2,4 millones de pesos, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Un sondeo elaborado por el Observatorio MiPyme de Acopi en 2023 reveló que si se modificara el rango de la jornada diurna, el 36,5 % de los empresarios prevé un incremento de costos entre el 1 % y el 20 %, y un 33,5 % calcula que el aumento sería entre el 20 % y el 40 %.
Cuántos empleos y empresas estarían en riesgo en Colombia
Los resultados proyectan que estas cargas extras podrían ocasionar reducción de empleos (34,3 %), dificultad para nuevas contrataciones (29,8 %) e incluso el cierre de empresas (5,2 %). El 58,4 % de los encuestados reduciría su nómina entre uno y cinco trabajadores, de consolidarse los cambios, de acuerdo con el citado portal.
A su turno, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, recalcó que el cuestionario propuesto carece del análisis técnico necesario y alerta sobre el costo fiscal que podría acarrear la consulta para el país, superando los 700.000 millones de pesos, en un contexto de grandes necesidades financieras del Estado.
Entre 1,8 y 2 millones de empleados podrían verse directamente afectados en el corto plazo, solo en el sector Mipyme formal, como consecuencia de los incrementos de costos derivados de la reforma laboral propuesta, según proyecciones de gremios y encuestas recientes. Si se considera el efecto represivo sobre nuevas contrataciones, la afectación podría ser aún mayor. El riesgo de aumento de la informalidad (que ya es de casi el 60 %) se incrementaría especialmente en regiones y empresas pequeñas.