Rafael Pérez Becerra

La polémica intervención a la EPS Sanitas sumó un nuevo ingrediente este miércoles, después de que el Gobierno, mediante la Superintendencia de Salud, solicitó revisar el fallo que emitió recientemente la Corte Constitucional. Tras ser notificada de la decisión, la Superintendencia presentó al alto tribunal una petición de nulidad, la cual deberá ser estudiada en los próximos días. En la petición se cuestionan las conclusiones a las que llegó, en su momento, la Corte Constitucional.

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe está soportado en el cuestionado testigo ‘estrella’ Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro extorsivo; asegura que fue paramilitar, pero ha sido desmentido incluso por sus familiares. En la cruzada contra Uribe, ha caminado de la mano del senador Iván Cepeda, el antagonista en esta historia político-judicial.

El 17 de septiembre de 2014, el entonces senador Álvaro Uribe, tras responder en el Congreso a los señalamientos de Iván Cepeda, se dirigió al Palacio de Justicia para ampliar una denuncia contra el congresista, quien había recorrido cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando, de manera infructuosa, testimonios de paramilitares que inculparan a Uribe. Esa fue la génesis del juicio que este lunes se resolverá con la decisión de si el expresidente es inocente o culpable.

Este jueves se tomó una trascendental decisión en el proceso penal contra Felipe Rocha Medina, el empresario que estafó a la élite bogotana con una pirámide ganadera.Después de una extensa negociación, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo que firmó Rocha con la Fiscalía General en el que aceptaba su participación en los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y estafa agravada en modalidad masa.Debido a esto, se fijó una condena de 74 meses de prisión —es decir, 6 años y 2 meses—.

Mientras el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay entró a una fase de “rehabilitación” tras ser víctima de un atentado sicarial el pasado 7 de junio, el Consejo de Estado adelanta el estudio de dos demandas de pérdida de investidura.

Las autoridades señalan a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, como el cerebro en la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado el 7 de junio cuando daba un discurso en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. El Costeño, quien fue capturado en un gigantesco operativo el 5 de julio en la localidad de Engativá, tiene un pasado judicial extenso. Su nombre ha sido vinculado con organizaciones delincuenciales en Bogotá por dos décadas, contando con antecedentes por porte ilegal de armas y hurto agravado.

En tres ocasiones, la Fiscalía ha tratado de presentar el escrito de acusación en contra de Clímaco Esteban Zabala, exviceministro de la Creatividad y la Economía, pero el próximo miércoles 30 de julio se daría la audiencia en la que se expondrá cómo, de la forma más descarada posible, mintió en su hoja de vida para asumir el cargo en la cartera de Cultura.Zabala Ramírez es un músico que trabajó, entre otras entidades, en la Personería Distrital, la Secretaría de Cultura, la Filarmónica y la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de Claudia López.

En un extenso oficio enviado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la defensa del presidente Gustavo Petro advirtió la existencia de una vulneración constante al debido proceso en la mayoría de los expedientes que cursan contra el primer mandatario.En el documento firmado por el abogado Alejandro Carranza, se señala que en casi todos los procesos que se encuentran en la célula legislativa contra el presidente no se ha permitido la intervención constante de la defensa para presentar sus pruebas y alegaciones.“Si esto ocurre con el Presidente de la República, ¿qué puede e

“Yo le ruego, su Señoría, que mantenga la libertad cautelar del señor César Augusto Manrique Soacha. Que pueda defenderse en libertad, compareciendo a este proceso por su libre voluntad y que goce de sus plenas garantías”.

En los últimos años, según cifras oficiales, los delitos contra el medio ambiente en Colombia han tenido un considerable aumento.Una de las más grandes problemáticas que han tenido que enfrentar las respectivas autoridades ha consistido en buscar estrategias con el fin de enfrentar a las organizaciones que se lucran con estas acciones ilegales.Las autoridades de Emiratos Árabes, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia adelantaron una ofensiva contra los delitos ambientales.