Rafael Pérez Becerra

En el despacho del magistrado Wilson Ramón Girón, se la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se adelanta el estudio de una tutela que busca que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se aleje de la discusión de la Consulta Popular promovida por el Gobierno Petro, para buscar la aprobación de sus reformas.Los tutelantes consideran que el congresista conservador tiene una “animadversión” con el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su gabinete.

Una veintena de nombres fueron mencionados en la audiencia de imputación de cargos que adelantó este jueves, 8 de mayo, la Fiscalía General en contra de María Alejandra Benavides, la exasesora del Ministerio de Hacienda, y quien es una de las piezas clave en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Durante la diligencia judicial se mencionaron viejos conocidos, entre ellos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), J

“Acá hay aliados políticos de las Farc”. De esta forma, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró su petición para que se investigue a un grupo de personas que, según él, participaron activamente en el entrampamiento en su contra y que fue la base para la apertura de un proceso penal por presunta presión y manipulación a testigos.Este martes, durante ocho horas, el exmandatario continuó declarando como testigo de su defensa.

Una denuncia será radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro por “delitos contra la integridad pública”.La acción judicial será instaurada por nueve congresistas que se consideraron afectados por los señalamientos hechos por el jefe de Estado durante su discurso en la Plaza de Bolívar en medio de las manifestaciones del primero de mayo.Los abogados Wilson Ruiz Orejuela y Manuel Vicente Villanueva, quienes ya recibieron el poder de los nueve congresistas que fueron mencionados por Petro en su discurso, presentarán la denuncia.

No queda duda del poder corruptor de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que le permitió, por años, establecer oscuras alianzas con los funcionarios encargados de perseguirlo y enfrentar su maquinaria de contrabando. Lo más grave es que desde hace más de una década estaba en el radar de las autoridades, incluso de Estados Unidos, pero no pasó nada.SEMANA revela un inédito documento que pasó de agache durante 14 años y pone sobre la mesa la complicidad con el imperio de Papá Pitufo.

Continúan llegando requerimientos, oficios y peticiones al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá que, en la actualidad, evalúa la situación jurídica de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.En las últimas horas, fue radicada otra petición que podría darle un giro inesperado a la suerte de la empresaria, quien se encuentra privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.